#Reforma
#Constitución #RR #Herencia
F.P. (*).
Si de Carlos
Menem reconocemos como herencia la destrucción de Altos Hornos Zapla, los
abusos tarifarios, los pueblos fantasma, el pajueranismo por lo externo y la
decadencia televisiva; al ex gobernador Roberto Romero se lo liga con el
Teleférico, el estadio Delmi, el despegue turístico y los proyectos
ferroviarios metropolitanos. También, en el caso del extinto mandatario gaucho,
a un evidente apego por las normas y por eludir toda angurria en el manejo del
poder.
Este lunes,
apenas una misa en la Iglesia San Francisco sirvió para homenajear a “El Tigre”,
como solía llamarlo su experimentado asesor publicitario Clemente Aramayo. Por
cuestiones de la pandemia, alegaron los familiares del creador del emporio periodístico
limachino. Menos mal, habrán dicho algunos integrantes del staff saenzista.
Es que, además
de lo que trae a la memoria el nombre de Romero, durante su gestión se convocó
a una reforma de la Constitución Provincial que podría llevarse a los mechonazos
con la planteada para su tratamiento este jueves en el Senado provincial. En
1986, además del rechazo a todo intento reeleccionista, se incluyó la
temporalidad de los magistrados del máximo tribunal provincial en sus cargos.
Por lo cual, hay quienes podrían alegar que la planteada en estos días es
claramente una contrarreforma, en comparación con la de la década del 80’.
En la
remembranza dirigida a su abuelo, la alcaldesa Titi Romero destacó “su lucha
por el Norte Grande”, a la par de su “visión de futuro”, la “humildad” y sobre
todo la capacidad para “escuchar y trabajar con quiénes más lo necesitan”. Quizás
un contraste con la dirigencia actual, quienes difícilmente sostengan ni
siquiera algo similar a una conversación con los choferes de los vehículos
oficiales.
“El único
gobernador de la provincia que no usó la Constitución para sí mismo fue Roberto
Romero”, dijo el actual Vicegobernador salteño, Antonio Marocco, allá, hace
mucho tiempo, el 16 agosto de 2018, en una entrevista que reprodujo el diario
Punto Uno. En aquellos tiempos de juventud, el titular de la Cámara alta
provincial [donde el jueves próximo se debatirá el proyecto para convocar a
Reforma Constitucional] había dicho tres años atrás que ante la posibilidad de
un debate sobre la Carta Magna ya se pretendía “la inamovilidad de los jueces”,
la cual consideraba que “eso no es conveniente”.
La reforma
constitucional de 1986, durante la gobernación de Roberto Romero estableció que
la duración de los jueces en la Corte fuese de 6 años, más posibilidad de
renovación y estabilidad mientras durase su buena conducta. Luego de la reforma
de 1998, la que posibilitó extender a 12 años para reelegir gobernadores, se
invocó que los jueces duraban la mitad de lo planteado para el Ejecutivo, de
donde se derivó luego la actual pretensión que sus mandatos fuesen de por vida.
El espíritu
perenne en esta vinculación estatal, reclamado desde algunos cargos, es
abordado por Ricardo Gómez Diez en el opus “La reelección en las constituciones de Salta: la tradición de 177 años
sin Reelección” (2014, Mundo Gráfico editorial). En esta obra de naturaleza
jurídico-política, G10 se propone analizar “cómo el sistema de
representación en la Legislatura, al otorgarle un valor menor al voto de los
salteños que habitan en los principales centros urbanos, facilitó sucesivas
reformas constitucionales y un modelo de ´concentración monopólica del poder´
que es necesario superar”, en pos de trasponer el “subdesarrollo político,
económico y social”.
Por su parte,
el analista Luis Caro Figueroa planteó este fin de semana que “lo que quiere
este gobierno es reformar la Constitución de Salta como si fueran los estatutos
del club Juventud Antoniana o la resolución que declara de interés
parlamentario la profesión de peluquero”. Por esta razón exhortó a que “es
nuestro deber denunciar esta ´superficialidad
ejecutiva´”, dijo desde el portal Iruya.com.
En esta columna
de análisis, Caro Figueroa apunta, no tanto al Gobernador Sáenz, cómo sí a lo
que entiende en términos de “carencia de recursos intelectuales, técnicos y
políticos” en la actual gestión provincial. Por ello, indicó que “debe comprender
el gobierno -y no tanto el Gobernador como sus operadores- que el proyecto de
hacer vitalicios a los jueces de la Corte de Justicia de Salta, aunque no sea
presentado de esa manera, es una
medida restrictiva de las libertades ciudadanas”. Nada menos!
Concepto al que
precisa al remarcar que “no hay que hilar muy fino para relacionar el mandato
indefinido de los jueces con la restricción de las libertades individuales,
pues para comprender bien este asunto basta con tener presente que cualquier aumento o incremento del poder
estatal (la conversión en vitalicios de unos jueces que son temporales
claramente lo es) supone automáticamente y sin admisión de prueba en contrario
una contracción proporcional del ámbito de las libertades ciudadanas”.
Lo que Caro
Figueroa alerta que si en la actualidad el poder de los magistrados es enorme,
convertirlos en puestos “eternos” constituirá un “paso en falso” de nuestra
democracia, ya que conducirá hacia un “incontrolado autoritarismo”. Con muchos
de los integrantes del Poder Judicial más propensos a esos viajes hacia Estados
Unidos, donde se instruyen de lo que sus instructores les sugieren mejor para
el país, la consideración ciudadana tampoco acompaña.
Un sondeo
difundido este fin de semana por el Ministerio de Justicia de la nación, indicó
que el Poder Judicial concentra un rechazo a su accionar que orilla el 90 %
(Ver link artículo “El clamor popular por la justicia dice otra cosa”). En
efecto, un 87,9 % de los entrevistados se dividió entre quienes dijeron tener “poca”
o “nada” de confianza en lo que definen y en la actuación en general de los
magistrados.
Link
relacionado:
https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-1572_El-clamor-popular-por-la-justicia-dice-otra-cosa
(*) NdR, 16 de
febrero de 2021.
