#Empleadosodueños
#Corredorocho
De las
empresas cuya mayor parte de los favores públicos podrían ocasionar perplejidad
luego del final de la feria judicial, la principal es Ahynarca. En la justicia salteña
comenzarán a desgranarse, desde el 25 de julio en adelante, una sucesión de
novedades que posiblemente expongan claramente el caso de firma con problemas
que contrasta con integrantes de un directorio próspero.
La mencionada
compañía es la que presta el servicio en las líneas A, B, C y Transversal del
corredor 8, actualmente en medio de una controvertida batalla legal por el
control del paquete accionario. Estos 56 colectivos afectados a la prestación antes
mencionada frecuentemente presentan problemas de neumáticos, en el sistema de frenos,
incidentes en el sistema eléctrico y falta de combustible, por lo que si la adecuación
tarifaria en marcha recayera en mayor exhorto para invertir, a su vez habría
una eventual merma en los beneficios para sus directivos.
Claro que los
problemas no terminan ahí, en cuanto a la prestadora de las líneas
correspondientes al corredor 8. Además de la disputa legal por la conducción de
Ahynarca, en los entretelones de estos expedientes hay cuestiones de gran
interés que trascienden el caso en particular y podrían también serlo para el
Estado provincial.
Sucede que
quien hoy reclama el rol de presidente de Ahynarca S.A., Walter Guillermo
Pérez, en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos
figuró como empleado administrativo de esta compañía. Esto, de acuerdo a un
informe de AFIP en el cual confirmó que el trabajador se desempeñó “a partir de
enero/2007 en forma ininterrumpida, hasta diciembre/2017 declarado por la
empresa AHYNARCA S.A. CUIT 30-70908417-3 en la categoría de personal
administrativo, puesto Empleados de contabilidad y cálculo de costos” (Imagen 1)
En este
informe emitido a fines de 2021, la entidad tributaria también incluyó “los
códigos correspondientes a los puestos de trabajo”, desempeñados por Pérez en
esta empresa de transporte hasta diciembre de 2017. Sin embargo, en otro documento
oficial con el que se tramita este litigio, el propio Pérez aseguró que había
sido “presidente de Ahynarca S.A. (…) desde el año 2004” (Imagen 2).
Dado que los
haberes de los trabajadores son pagados por el Estado provincial, por medio de
SAETA, cabe el interrogante si aquella doble función como “empleado
administrativo” y “Presidente” de la transportadora le habrá dejado un doble
beneficio. Es decir, si habrá percibido un sueldo subsidiado por el fisco
salteño, más los beneficios como directivo principal de la empresa. Lo cual
presupondría haber embromado al Estado provincial.
Hete aquí un
intríngulis que la justicia local deberá desentramar, a partir de las próximas
semanas. La invocación del rol como titular del paquete accionario de Ahynarca
S.A., para incrementar la perplejidad, fue incluida por el mismo Pérez en una
Carta Documento enviada al abogado Héctor Rodríguez, en enero de 2018. Pero 46
meses más tarde, fue la AFIP quien aseguró que el accionista principal, en
realidad aportaba como trabajador administrativo. Una situación divergente en
este embrollo Pérez/Ahynarca/AFIP/SAETA/Estado provincial que deberá
resolverse.
NdR, 21 de
julio de 2022.
