#Videovigilancia
#Sistema #Costos
El gobierno
provincial podría bajar el costo 5 veces y media el costo actual del
mantenimiento al sistema de cámaras de videovigilancia dispuestas para
colaborar en el servicio de seguridad. En un informe interno de esta cartera
difundido este fin de semana se precisó que se podrían pagar por este concepto
u$s 31.000 mensuales, en lugar de los u$s 172.000 que actualmente se derivan a
esta finalidad.
La beneficiaria
actual de este dispendioso accionar estatal es la compañía Nubicom S.R.L., la
que el pasado miércoles sopló sus primeras 7 velitas. En efecto, la firma se
constituyó oficialmente el 5 de mayo de 2014, en el apogeo de la “década ganada
U”, la que arrulló a unos pocos soñadores del emprendedurismo.
A Nubicom, el
Ejecutivo provincial le paga mensualmente u$s 266.000 por transmisión de datos
y los ya mencionados u$s 172.000 por mes para el “mantenimiento” del sistema,
según un informe periodístico publicado este domingo por El Tribuno. Sin
embargo, esta compañía salteña –situada en el barrio Tres Cerritos, en calle
Los Olmos al 100- no arribó a este convenio a través de una licitación, sino
mediante contratación directa.
En este último
caso, a pesar de aparentes y gruesos vicios legales que tendría este convenio
con Nubicom que data de marzo de 2020. Este acuerdo no se puede sostener en el
tiempo, sino que requiere de un nuevo llamado a licitación porque esta compañía
salteña fue requerida de urgencia, ante la rescisión del contrato con la
anterior prestataria Datandhome.
Además, la
normativa invocada no consignó en el procedimiento de contratación abreviado
con Nubicom las razones necesarias para fundamentar la supuesta urgencia, de
acuerdo a lo que estipula la Ley de Contrataciones de la provincia. Argumento
que, por añadidura debió haberse publicado en el Boletín Oficial, sarcófago de
documentación que al parecer no verá la luz al menos hasta el 9 de diciembre de
2023.
Por otro lado,
la baja a la firma Datandhome generó un reclamo judicial que se encuentra en la
Corte de Justicia de Salta, consistente en u$s 6 millones en resarcimientos. Más
las deficiencias en el servicio de videovigilancia que tiene incongruencias
operativas, tales como cámaras en algunos colectivos de SAETA que recorren el
sudeste capitalino, pero que sin embargo los domos callejeros son incapaces de
detectar el asalto a un transeúnte que camine a metros de esta unidad de
transporte.
NdR, 9 de mayo
de 2021.
