#Paritarias
#Educación #Descontento
La casi cantada
objeción a la propuesta salarial y las condiciones para el regreso a clases
presenciales ya tomó forma de planteo concreto. Lo hizo el sector de Tribuna
Docente, en paralelo al de Autoconvocados, junto con la invitación para el
próximo 13 de febrero cuando celebre el congreso provincial.
“Saenz intenta un arreglo salarial miserable con los burócratas de la
intergremial a espaldas de la docencia”, resumió la educadora Carmen
Venencia, dirigenta de Tribuna Docente. La portavoz del sector remarcó esta
persistencia del oficialismo, pese a que el año anterior las autoridades provinciales
se vieron en la obligación de negociar con los representantes asamblearios y
autoconvocados, tras el paro con elevado nivel de acatamiento, por fuera de
entidades de espina dorsal encorvada como ADP y otros.
Al igual que en 2020, Venencia advirtió que la propuesta de actualización
por parte del Ejecutivo provincial tiene implícita una pérdida cercana al 18 %
en el poder de compra de los sueldos. “Sáenz espera que le convaliden un porcentaje
miserable cuando el año pasado terminó con una gran caída del salario real ya
que la inflación en alimentos llego al 48 %, mientras el acumulado de aumento
salarial en el año fue menor al 30%”, puntualizó.
La carta en el saco que atesora el oficialismo es la expectativa de los
padres y madres de alumnos, quienes mayor énfasis ponen que el ciclo lectivo
2021 se haga de manera presencial. Frente a tal demanda y un evidente
descrédito por parte de sus afiliados, ADP y AMET asintieron estos
condicionamientos, con los cuáles “el gobierno busca disciplinar a la docencia
acusándonos de ser los responsables de que no haya clases presenciales, cuando
sabemos que es el gobierno el que no ha resuelto ninguna de las condiciones
mínimas para que esto ocurra”, distinguió la dirigenta de TD.
En particular, puntualizó que “no hay conectividad ni los dispositivos
necesarios, aunque en el mejor de los casos se volvería con un sistema mixto
por la grave situación de la pandemia; faltan 1600 ordenanzas, no hay refacción
de edificios, ni designación masiva de docentes recuperadores para poder
trabajar con grupos pequeños”. En función de este panorama, la portavoz del
sector adelantó que “buscaran hacer pasar un ataque al salario negando nuestro
derecho a huelga en nombre de que hay que retomar las clases porque la educación
sería un ´servicio esencial´”.
Sin embargo, este encuadre para la educación está surcado por la
evidente contradicción que a una tarea “esencial” se la retribuye con apenas “la
mitad de la canasta de pobreza hoy calculada en 54000 que debiera ser el piso
del cargo testigo junto a una cláusula gatillo mensual por inflación”. En tales
coordenadas, Venencia situó la exigencia “que el gobierno reciba a los
delegados de todos los departamentos”.
NdR, 27 de
enero de 2021.
