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Con el objetivo
de definir los mecanismos que regirán el funcionamiento de la Mesa de
Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, el Procurador General,
Abel Cornejo, avanzó en esta dirección en el encuentro que mantuvo con la
diputada nacional Verónica Caliva. Además, en el cónclave llevado a cabo este
lunes en las oficinas del Ministerio Público Fiscal participó el dirigente
social Oscar Monzón (CCC-UTEP).
Uno de los
ítems abordados fue el de los procedimientos de mediación penal que se están
llevando a cabo en estos momentos, en diferentes jurisdicciones de nuestra
provincia. En su rol de secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano de la Cámara baja nacional, Caliva anticipó que los conflictos
planteados desde comunidades de pueblos originarios y que deberá abordar la
Mesa de Concertación, podrán contar con la asistencia del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, entre otros actores.
Por caso, el
Registro Nacional de Barrios Populares cuenta con fondos específicos para
asignarlos a integración socio-urbana, detalló la legisladora. El RNBP está
integrado por 4.416 arrabales de todo el país. Estos cuentan con el amparo de
la Ley 27.453 que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles comprendidos en el registro, dejó en suspenso los desalojos por un período de cuatro años y
habilitó la creación de un régimen especial de regularización dominial.
Caliva
especificó que dicha regularización “sería
la segunda etapa, que permitiría que las familias vivan en forma regular,
después de acceder a su lote”. Mientras que Monzón ponderó como antecedente en
materia de resolución de conflictos, mediante herramientas no litigiosas, la
instancia planteada en Urundel hace pocos meses atrás. Allí, el Jefe comunal Víctor
Coraita convocó a una Mesa de Diálogo en la que participaron familias que
atraviesan déficit habitacional y el empresario Fernando Noceti, quien donó 4
hectáreas para posibilitar la regularización de esos catastros.
El dirigente de la Corriente Clasista y Combativa concluyó que “se modelo, en el que se involucren las
partes afectadas para llegar a una solución y evitar la judicialización, es el
que debería prevalecer para la solución de numerosos problemas generados por el
déficit habitacional”.
A su turno,
Caliva resaltó las “expectativas” por esta alternativa de “diálogo para la
resolución de temas estructurales, y en ello coincidimos con el Procuradora”. Un
escenario en el que Cornejo remarcó que el 20 de noviembre próximo habrá una mediación
penal entre el propietario de tierras en Joaquín V. González y 300 familias que
actualmente ocupan esta superficie. Esto negocia la fiscal penal María Celeste
García Pisacic con ambas partes en este conflicto territorial.
En general,
Cornejo encuadró más bien como “un
imperativo ético” la conformación de la Mesa de Concertación de la
Tierra y Emergencia Habitacional, la que se ocupará de la problemática en torno
a la mencionada situación y las voces desde todos los sectores involucrados en
la temática. Por lo cual confió que los resultados se conviertan en políticas públicas
y no en respuestas esporádicas a problemáticas que acumulan años sin conseguir
una solución.
NdR, 3 de
noviembre de 2020.
