El proyecto
para crear las Fiscalías ambientales con jurisdicción en toda la provincia podrían
quedar centralizadas en la ciudad de Joaquín V. González, tras la inclusión del
pedido hecho por el diputado provincial Marcelo Paz. Esta iniciativa volvió a
la Cámara alta provincial, luego de la propuesta para dejar en una sola oficina
esta unidad de actuación específica, en virtud de razones presupuestarias. Además, incluyó materia adicional como las relativas a la protección animal y del patrimonio cultural.
Quien argumentó
en función del razonamiento de unificación fue el diputado Guillermo Martinelli,
del bloque Un Cambio para Salta, al plantear este martes que nuestra provincia
“se encuentra en Emergencia Económica por lo que crear 6 fiscalías rápidamente
como se pide en el Proyecto que llega desde el Senado conlleva un gasto muy
importante”. Por ello, el legislador solicitó a la Cámara alta aceptar la
introducción de la cláusula para
unificarla que ayer plantearon desde Diputados.
Frente a esta
posibilidad, su par Marcelo Paz –integrante del bloque del PJ- reclamó que el
organismo por crearse tenga asiento en el sudeste provincial, en función de
varias razones. Una de ellas, la operatividad que tendría esta unidad en una de
las zonas más expuestas al peligro ambiental y ecológico, debido a la práctica
intensiva de la agricultura y la gran cantidad de especies animales y vegetales
en riesgo de extinción.
De acuerdo a la
hipótesis planteada este martes por Paz, la ubicación de la Unidad de
Fiscalización Ambiental en el sudeste provincial permitiría realizar un monitoreo
para luego ir ampliando su ámbito jurisdiccional, de acuerdo a los
requerimientos de cada distrito o bien en función de las cuencas hídricas.
Por otro lado,
el parlamentario por el departamento de Anta recordó que la necesidad de crear
un órgano con especificidad ambiental le daría equidad territorial a la
administración de justicia, teniendo en cuenta que Orán fue beneficiado
recientemente con la creación de una Defensoría del Niño. Por lo cual, en
materia de protección del ambiente la legitimidad en este reclamo favorece a la
población situada al sudeste de la provincia.
NdeR, 15 de
mayo de 2019.
