Causa IFE: un bluff para la antipolítica

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Disipada la bruma en la causa por cobro indebido del IFE fueron más los absueltos por la justicia federal salteña, un par de condenas leves y bastante misterio en torno a esta investigación. A tal punto que la Defensora Pública del ámbito federal, Ana Galán Muñoz, circunscribió el caso como una suerte de operativo mediático que luego no tuvo  correlación en el terreno de la investigación formal.

La funcionaria encuadró este suceso como “un escarnio público con sentencia previa”, le dijo este fin de semana al colega Nicolás Hirtz del diario Página 12. Galán Muñoz recodó que en un primer momento eran 67 los ediles imputados en la causa IFE, de los cuáles solamente se dieron al final dos condenas leves y tres concejales absueltos.

En la evaluación hecha por la Defensora Pública se consignó que los dirigentes apuntados, en su mayoría pertenecían a pueblos del interior salteño, tenían poco tiempo en sus cargos como ediles y contaban con remuneración que oscilaba entre $ 15.000 y los $ 20.000. Por este motivo, a esta denuncia también se la conoció por el sobrenombre de “la causa de los pelagatos”.

Un rasgo adicional que apuntó esta oficina fue que los concejales señalados pertenecían a rubros de actividades informales, por lo que en muchos casos cobraban ellos mismos o sus parejas la Asignación Universal. Con el agravante que al momento de la difusión no se analizaron “las demoras administrativas entre los municipios, la provincia y ANSES en cuanto a las bajas o altas en el sistema“, al momento de informar los cambios en el estado laboral de los nuevos representantes.

Junto con lo anterior, dicha acción se dificultó aún más con las trabas burocráticas en la administración pública correspondiente a la pandemia. Por lo cual, las declaraciones juradas de los por aquel entonces –marzo de 2020- nuevos concejales, en la mayoría de los casos no se registró.

Galán Muñoz advirtió que la denuncia tuvo más espuma que sustancia, por lo cual  “le hizo el juego a los antipolítica”, ya que activó prejuicios del tipo de discurso “son todos iguales, cuando en realidad se trataba de pobre gente del interior que terminó señalada por algo que no hizo”. O bien, en los dos casos indicados no llegó a advertir que esto pudiese ser un delito, al tratarse de una medida instrumentada ante la emergencia sanitaria y en un contexto de situación inédita como fueron las restricciones por pandemia.

En medio de gruesos interrogantes la Defensora Oficial recordó, azorada, que nuestra provincia fue el único distrito del país en dar información sobre personas que habrían intentado inscribirse, aunque serían rechazadas por el sistema para completar este trámite. De acuerdo a los informes de ANSES, en 2020 se rechazaron más de 4 millones. Con esta premisa con “que se persiguió acá, tendrían que haber investigado a cada uno de esos y, sin embargo, no sucedió porque no es un delito algo que no se hizo”.

En el caso de Nicolasa Maraz, el contexto resulta aún más shockeante. Proveniente de la agricultura familiar, desarrollada en el paraje El Condado (municipio Los Toldos), fue electa concejal en 2019 a instancias del intendente Virgilio Mendoza y del diputado Francisco Acosta. Pero decidió renunciar porque la dieta que percibiría, $ 15.000, le impediría sostener la Asignación Universal de su hija y las becas Progresar de sus hijos.

La Defensora Oficial resumió que a Maraz y a su hija “el IFE le correspondía por cobrar una AUH, y porque reúne todas las condiciones, porque vive de su huerta en su casa de adobe con pozo ciego en lugar de baño, y nada de eso le importó ni a la Justicia ni a los medios que la escracharon”. Nicolasa fue absuelta por defraudación, aunque le dieron un mes de prisión y dos años inhibida de competir por cargos electorales o ejercer puestos públicos. Algo que Galán Muñoz no alcanzó a comprender “cuál es ese incumplimiento”, dado que Maraz “renunció al pago de su banca como correspondía, no está prohibido eso”.

La funcionaria del ámbito federal remarcó el epílogo de un caso con menos de un 5 % de los imputados que recibieron condenas leves. “Esa es la megacausa de corrupción del IFE”, sintetizó Galán Muñoz, en contraste con el efecto “que fue devastador para sus vidas”, dijo luego que el miércoles pasado, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta emitió su fallo.

Crédito fotográfico: Literalsalta.

NdR, 16 de mayo de 2022.