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Disipada la bruma en la causa por cobro indebido del IFE
fueron más los absueltos por la justicia federal salteña, un par de condenas
leves y bastante misterio en torno a esta investigación. A tal punto que la
Defensora Pública del ámbito federal, Ana Galán Muñoz, circunscribió el caso
como una suerte de operativo mediático que luego no tuvo correlación en el terreno de la investigación
formal.
La funcionaria encuadró este suceso como “un escarnio
público con sentencia previa”, le dijo este fin de semana al colega Nicolás Hirtz
del diario Página 12. Galán Muñoz recodó que en un primer momento eran 67 los
ediles imputados en la causa IFE, de los cuáles solamente se dieron al final
dos condenas leves y tres concejales absueltos.
En la evaluación hecha por la Defensora Pública se
consignó que los dirigentes apuntados, en su mayoría pertenecían a pueblos del
interior salteño, tenían poco tiempo en sus cargos como ediles y contaban con
remuneración que oscilaba entre $ 15.000 y los $ 20.000. Por este motivo, a
esta denuncia también se la conoció por el sobrenombre de “la causa de los
pelagatos”.
Un rasgo adicional que apuntó esta oficina fue que los
concejales señalados pertenecían a rubros de actividades informales, por lo que
en muchos casos cobraban ellos mismos o sus parejas la Asignación Universal.
Con el agravante que al momento de la difusión no se analizaron “las demoras
administrativas entre los municipios, la provincia y ANSES en cuanto a las
bajas o altas en el sistema“, al momento de informar los cambios en el estado
laboral de los nuevos representantes.
Junto con lo anterior, dicha acción se dificultó aún
más con las trabas burocráticas en la administración pública correspondiente a
la pandemia. Por lo cual, las declaraciones juradas de los por aquel entonces –marzo
de 2020- nuevos concejales, en la mayoría de los casos no se registró.
Galán Muñoz advirtió que la denuncia tuvo más espuma
que sustancia, por lo cual “le hizo el juego a los antipolítica”, ya que
activó prejuicios del tipo de discurso “son todos iguales, cuando en
realidad se trataba de pobre gente del interior que terminó señalada por algo que no hizo”. O bien, en los dos
casos indicados no llegó a advertir que esto pudiese ser un delito, al tratarse
de una medida instrumentada ante la emergencia sanitaria y en un contexto de
situación inédita como fueron las restricciones por pandemia.
En medio de gruesos interrogantes la Defensora Oficial
recordó, azorada, que nuestra provincia fue el único distrito del país en dar
información sobre personas que habrían intentado inscribirse, aunque serían
rechazadas por el sistema para completar este trámite. De acuerdo a los
informes de ANSES, en 2020 se rechazaron más de 4 millones. Con esta premisa
con “que se persiguió acá, tendrían que haber investigado a cada uno de esos y,
sin embargo, no sucedió porque no es un delito algo que no se hizo”.
En el caso de Nicolasa Maraz, el contexto resulta aún
más shockeante. Proveniente de la agricultura familiar, desarrollada en el
paraje El Condado (municipio Los Toldos), fue electa concejal en 2019 a
instancias del intendente Virgilio Mendoza y del diputado Francisco Acosta.
Pero decidió renunciar porque la dieta que percibiría, $ 15.000, le impediría
sostener la Asignación Universal de su hija y las becas Progresar de sus hijos.
La Defensora Oficial resumió que a Maraz y a su hija “el
IFE le correspondía por cobrar una AUH, y porque reúne todas las condiciones, porque vive de su huerta en su casa de adobe
con pozo ciego en lugar de baño, y nada de eso le importó ni a la Justicia ni a
los medios que la escracharon”. Nicolasa fue absuelta por defraudación, aunque
le dieron un mes de prisión y dos años inhibida de competir por cargos
electorales o ejercer puestos públicos. Algo que Galán Muñoz no alcanzó a
comprender “cuál es ese incumplimiento”, dado que Maraz “renunció al
pago de su banca como correspondía, no está prohibido eso”.
La funcionaria del ámbito federal remarcó el epílogo de
un caso con menos de un 5 % de los imputados que recibieron condenas leves. “Esa es la megacausa de corrupción del IFE”,
sintetizó Galán Muñoz, en contraste con el efecto “que fue devastador para sus
vidas”, dijo luego que el miércoles pasado, el Tribunal Oral Federal N°
1 de Salta emitió su fallo.
Crédito fotográfico: Literalsalta.
NdR, 16 de mayo de 2022.
