La libertad con fijador

Por: F.P. (*).

El descanso por el fin de semana se extiende, sin que haya pronunciamiento formal contra la pretensión medieval de imponer censura previa a los medios de comunicación, a raíz de un fallo de la jueza provincial María Edith Rodríguez. Hasta este domingo no se habían emitido planteos en relación a esta polémica, por parte de entidades vinculadas a la defensa del sistema republicano o al ejercicio del trabajo de informar en un contexto democrático. Y con reminiscencias a la del cura censor que intentaba desalentar lecturas de “libros prohibidos” diseminando arsénico en sus páginas, como en la novela “El Nombre de la rosa”.

Desde las páginas de los medios de comunicación, el diario El Tribuno fue uno de los pocos que abordó este asunto, capaz de convertir a nuestra provincia en el único territorio del país en el que podría estar restringida la libertad de expresión. Este domingo, el matutino de Limache recordó en una editorial que “más allá de la inocencia o complicidad del grupo musical y de la familia, los escándalos son responsabilidad de quien los protagoniza y no del medio que los da a conocer”, en relación al caso Lautaro Teruel, a raíz del cual se dio esta extraña orden por parte de la jueza Rodríguez.

En la semana, este mismo matutino advirtió reiteradamente que esa resolución es la segunda en la cual la misma magistrada atenta contra derechos esenciales para la vida en democracia, a través del ejercicio de derechos resguardados constitucionalmente desde hace más de dos siglos. En una columna que rubricó, en este mismo periódico la Defensora oficial Natalia Buira, se consignó respecto a la formación intelectual de los jueces y a la vez se les recordó que éstos “no tienen la potestad de decidir que puede o no publicarse”. 

Por añadidura, la especialista adjuntó que “la ignorancia supina hace referencia a ´lo que puede y debe saberse´. Es decir, lo que está obligada a conocer” alguien que ostenta semejante cargo, y citó algunos librejos poco visitados, como la Constitución Nacional y la extensa jurisprudencia internacional que fulmina la censura previa.

Buira puntualizó en la columna publicada por El Tribuno, que al tomar esta decisión la jueza María Edith Rodríguez cayo  “en prevaricato, es decir, en fallar en contra de la ley”. Y apuntó que esta “reincidencia, tratándose de una jueza penal, es llamativamente una contumacia, la contumacia es la tenacidad y dureza en mantener un error”.

En tal contexto, no ahorró en considerar que “ha realizado una tropelía que es definido como el atropello cometido generalmente por quien abusa de su poder”. En este contexto, apuntó hacia el “Consejo de la Magistratura que la evaluó ´idónea´ para el desempeño del cargo que ocupa y también pone de relieve la pobre preparación que brinda a los magistrados la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta”.

Además, en su columna Buira especificó que “el accionar reiterado de la jueza Rodríguez se erige en un leading case -caso testigo- de violación de derechos humanos por uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, y surge entonces la responsabilidad del mismo por las violaciones de uno de sus integrantes, aparte de la propia responsabilidad del magistrado en cuestión”.

“Esta sentencia reincidentemente autoritaria y violatoria de la libertad de expresión y la libertad de información es muy preocupante por todas las implicancias que en esta columna se analizan, no es una sentencia más ni debe ser tratada como tal”, alertó. Y no es que a alguien no se le haya movido un pelo, sino, resulta difícil que esto suceda cuando se tiene la precaución de peinarlo con fijador.

(*) NdeR, 7 de julio de 2019.