Por: F.P. (*).
El descanso por
el fin de semana se extiende, sin que haya pronunciamiento formal contra la
pretensión medieval de imponer censura previa a los medios de comunicación, a
raíz de un fallo de la jueza provincial María Edith Rodríguez. Hasta este
domingo no se habían emitido planteos en relación a esta polémica, por parte de
entidades vinculadas a la defensa del sistema republicano o al ejercicio del
trabajo de informar en un contexto democrático. Y con reminiscencias a la del
cura censor que intentaba desalentar lecturas de “libros prohibidos”
diseminando arsénico en sus páginas, como en la novela “El Nombre de la rosa”.
Desde las
páginas de los medios de comunicación, el diario El Tribuno fue uno de los
pocos que abordó este asunto, capaz de convertir a nuestra provincia en el
único territorio del país en el que podría estar restringida la libertad de
expresión. Este domingo, el matutino de Limache recordó en una editorial que “más
allá de la inocencia o complicidad del grupo musical y de la familia, los
escándalos son responsabilidad de quien los protagoniza y no del medio que los
da a conocer”, en relación al caso Lautaro Teruel, a raíz del cual se dio esta
extraña orden por parte de la jueza Rodríguez.
En la semana,
este mismo matutino advirtió reiteradamente que esa resolución es la segunda en
la cual la misma magistrada atenta contra derechos esenciales para la vida en
democracia, a través del ejercicio de derechos resguardados constitucionalmente
desde hace más de dos siglos. En una columna que rubricó, en este mismo periódico
la Defensora oficial Natalia Buira, se consignó respecto a la formación
intelectual de los jueces y a la vez se les recordó que éstos “no tienen la
potestad de decidir que puede o no publicarse”.
Por añadidura,
la especialista adjuntó que “la ignorancia supina hace referencia a ´lo que
puede y debe saberse´. Es decir, lo que está obligada a conocer” alguien que
ostenta semejante cargo, y citó algunos librejos poco visitados, como la
Constitución Nacional y la extensa jurisprudencia internacional que fulmina la
censura previa.
Buira
puntualizó en la columna publicada por El Tribuno, que al tomar esta decisión
la jueza María Edith Rodríguez cayo “en
prevaricato, es decir, en fallar en contra de la ley”. Y apuntó que esta “reincidencia,
tratándose de una jueza penal, es llamativamente una contumacia, la contumacia
es la tenacidad y dureza en mantener un error”.
En tal
contexto, no ahorró en considerar que “ha realizado una tropelía que es
definido como el atropello cometido generalmente por quien abusa de su poder”. En
este contexto, apuntó hacia el “Consejo de la Magistratura que la evaluó
´idónea´ para el desempeño del cargo que ocupa y también pone de relieve la
pobre preparación que brinda a los magistrados la Escuela de la Magistratura
del Poder Judicial de Salta”.
Además, en su
columna Buira especificó que “el accionar reiterado de la jueza Rodríguez se
erige en un leading case -caso testigo- de violación de derechos humanos por
uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial, y surge entonces la
responsabilidad del mismo por las violaciones de uno de sus integrantes, aparte
de la propia responsabilidad del magistrado en cuestión”.
“Esta sentencia
reincidentemente autoritaria y violatoria de la libertad de expresión y la
libertad de información es muy preocupante por todas las implicancias que en
esta columna se analizan, no es una sentencia más ni debe ser tratada como tal”,
alertó. Y no es que a alguien no se le haya movido un pelo, sino, resulta
difícil que esto suceda cuando se tiene la precaución de peinarlo con fijador.
(*) NdeR, 7 de
julio de 2019.
