Disputa por 10 palos en el Valle

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La ciudad de Rosario de Lerma percibió al final de semana el ruido atronador de una presentación judicial en la que se cuestionó el manejo de fondos públicos, por parte de la actual gestión a cargo de Enrique “Terra” Martínez. La investigación está en manos de la Fiscalía Penal vallista, debido a los fondos que debieron haber ingresado a las arcas comunales luego de los últimos carnavales por unos $ 10 millones, según esta denuncia.

La respuesta a tal controversia tal vez pueda darse a partir de los testimonios sugeridos a dicha Fiscalía, en particular los de la comisión que integraron su presidente, Luciano Martínez, Miguel Calabro –luego puesto al frente del Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación-, Liliana Pistan (tesorera) y las colaboradoras Victoria Rivero y Nancy Gómez (la primera dama rosariolermina). Un órgano que aparentemente no encuadraba con las exigencias de la Ley 7323, de Asociaciones Civiles.

Además, según la denuncia presentada este viernes, se habrían usado “fondos públicos para cubrir los gastos de organización y la recaudación obtenida en los eventos jamás se depositaron en la cuenta corriente Bancaria que tiene la municipalidad en el Banco Macro”. Como tampoco “se dio ingreso en la Tesorería de la municipalidad,  sino que fue trasladada al domicilio particular del Intendente donde convive con su secretaría  privada Sra Nancy Viviana  Gomez en Avda. San Martín s/n (lugar donde funciona una chatarreria de propiedad del Intendente Enrique Martinez), habiéndose usado un vehículo público camioneta Toyota Hilux color Blanca, conducido por el chófer municipal Sr. Cristián Vazquez, para el traslado de las bolsas y cajas de dinero provenientes de la recaudación del evento desentierro del carnaval”.

Esto es lo que consta en la denuncia presentada este viernes por Mario Lamas, un vecino de esta ciudad que concurrió a firmar este escrito para el comienzo de la investigación. A ello apuntó el querellante, tras considerar que es viable indagar acerca de esta “probable comisión de delitos de acción pública, tipificados en los artículos 210, 174 inc. 5, 248, 249 y 266 del Código Penal, y/u otros  posibles actos delictivos que surgieran de la investigación”.

En esta presentación, Lamas dejó asentado que la comisión de corsos fue creada mediante resolución municipal N° 019/2020, la que luego fue sustituida por otra Resolución con los mismos número y fecha, por lo que pidió determinar si existió falsedad ideológica. Como también llamó la atención hacia la Resolucion N° 016/2020 por la que se autorizó a que el Ejecutivo municipal autorizase una erogación de $ 2.900.000, en relación a cuya veracidad también planteó dudas y la vinculó con la baja de la abogada María Lourdes Cardozo (quien se habría negado a efectuar tal maniobra).

Lamas pidió indagar al chofer Cristian Vázquez, en relación al traslado en la noche del 12 de enero de este año de paquetes que contenían más de $ 3 millones en billetes de $ 1.000, 500, y 100 en la Toyota Hilux utilizada habitualmente por el Jefe comunal. Dicha artimaña se convertiría luego, según el denunciante, en la resolución N° 019/20 que en un primer momento autorizaba sólo $ 120.000 para organizar esta actividad carnestolenda, pero que a los pocos días se había multiplicado a 24 veces más.

Aún así que la tibia intervención del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma apenas alcanzó a pedir la rendición de cuentas de los corsos. Para lo cual el Ejecutivo envió a la  tesorera, Liliana Pistan, y con un Power point (pero sin documentación respaldatoria) declaró que la comuna había recaudado apenas $ 700.000. Una cifra que contrastó con la afluencia que ciertas crónicas periodísticas calcularon en 30.000 almas, cada una de las cuáles pagó entradas promedio de $ 200.

Por ello, los malpensados rosariolerminos  y algunos ediles de la oposición reclaman detalles sobre los 10 millones de pesos que calcularon ingresados por esta actividad.

NdR, 9 de octubre de 2020.