Misma lucha y sangre

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El escándalo del Plasmagate le proporcionó al Ministerio de Salud visibilidad nacional, polémica con antecesores, querellas periodísticas y una causa judicial por la cuestión de fondo. En la semana que se va, el periodista Ángel Mansilla (Telefé Salta) denunció por amenazas a la titular de Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, tras consultarle si además de este cargo contaba con alguna participación en una empresa privada dedicada de este mismo rubro.

El reportero había concurrido este jueves al lugar de trabajo en el centro privado donde se desempeña la profesional, con la misión de conocer su opinión respecto a la venta de plasma, una acusación que recae sobre el médico Martín De la Arena. Y, sobre todo, si al margen de su desempeño en el CRH, Saracino tiene participación en un emprendimiento adicional que se ocupa de la separación de glóbulos rojos y blancos del fluido sanguíneo.

“Ojalá que nunca necesites una transfusión”, habría sido el ultimátum que la profesional le habría lanzado al reportero, junto con la mención que conocía a sus superiores en el medio de prensa en el cual se desempeña. Con la denuncia de Mansilla, el asunto sumó una arista adicional a este escándalo, luego que la flamante ex ministra de Salud, Josefina Medrano de la Serna, lanzara algunas conjeturas en dirección a sus reemplazantes en tal cargo.

En concreto, la ex titular de esta cartera indicó en Twitter que una nota del 17 de septiembre en la que “la directora del centro regional explica claramente la intención de cobro del plasma luego de una resolución del ministro Esteban”. En relación a lo cual, Medrano de la Serna se preguntó retóricamente: “Será que también la Justicia los va a investigar?", dijo al respecto, y Saracino explicó que el plasma no es un producto venal, como sí lo es su transfusión.

Por el lado formal

Desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal, se confirmó por estos días que Ramiro  Ramos Ossorio, seguirá al frente de la investigación de este escándalo del Plasmagate. Luego de la decisión de la firma HemoSalta al facturar por las transfusiones de plasma de convalecientes, a pacientes afectados por la Covid-19, el funcionario solicitó informes a distintos organismos públicos y entidades privadas, respecto a esta conducta encuadrada como posibles negociaciones incompatibles con la función pública.

Ramos Ossorio remitió estos requerimientos al Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de Nación, a clínicas y sanatorios privados, al Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía de la Provincia, como medidas preliminares.

En base a estas respuestas, el fiscal determinará si existió la comisión de delitos provinciales, como el de negociaciones incompatibles con la función pública o, el de comercialización de plasma, contemplado en el Art. 91 de la Ley 25990, conocida como “Ley de Sangre”.

El MPF recordó que esta norma prescribe penas que van de 6 meses a 5 años de prisión, como también multas que oscilan entre $ 10.000 y $ 500.000 a quienes intermediaren comercialmente o lucrasen “en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados, fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre, sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza”.

Aunque en el caso que se confirmara fehacientemente que se concretó la comercialización de plasma, la causa debería trasladarse al ámbito de la justicia federal.

Los hechos que se investigan se conocieron el sábado 26 del corriente mes, a través de redes sociales y medios de comunicación de la provincia y el país, que la empresa denominada HemoSalta SRL informó mediante una nota dirigida a sanatorios y clínicas firmada por su gerente, Martín de la Arena, que “la trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.

NdR, 2 de octubre de 2020.