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#Escándalo #CausaJudicial
El escándalo
del Plasmagate le proporcionó al Ministerio de Salud visibilidad nacional,
polémica con antecesores, querellas periodísticas y una causa judicial por la
cuestión de fondo. En la semana que se va, el periodista Ángel Mansilla (Telefé
Salta) denunció por amenazas a la titular de Centro Regional de Hemoterapia,
Betina Saracino, tras consultarle si además de este cargo contaba con alguna
participación en una empresa privada dedicada de este mismo rubro.
El reportero
había concurrido este jueves al lugar de trabajo en el centro privado donde se
desempeña la profesional, con la misión de conocer su opinión respecto a la
venta de plasma, una acusación que recae sobre el médico Martín De la Arena. Y,
sobre todo, si al margen de su desempeño en el CRH, Saracino tiene
participación en un emprendimiento adicional que se ocupa de la separación de
glóbulos rojos y blancos del fluido sanguíneo.
“Ojalá que
nunca necesites una transfusión”, habría sido el ultimátum que la profesional
le habría lanzado al reportero, junto con la mención que conocía a sus
superiores en el medio de prensa en el cual se desempeña. Con la denuncia de
Mansilla, el asunto sumó una arista adicional a este escándalo, luego que la flamante
ex ministra de Salud, Josefina Medrano de la Serna, lanzara algunas conjeturas
en dirección a sus reemplazantes en tal cargo.
En concreto, la
ex titular de esta cartera indicó en Twitter que una nota del 17 de septiembre
en la que “la directora del centro regional explica claramente la intención de
cobro del plasma luego de una resolución del ministro Esteban”. En relación a
lo cual, Medrano de la Serna se preguntó retóricamente: “Será que también la
Justicia los va a investigar?", dijo al respecto, y Saracino explicó que
el plasma no es un producto venal, como sí lo es su transfusión.
Por el lado
formal
Desde el ámbito
del Ministerio Público Fiscal, se confirmó por estos días que Ramiro Ramos Ossorio, seguirá al frente de la
investigación de este escándalo del Plasmagate. Luego de la decisión de la
firma HemoSalta al facturar por las transfusiones de plasma de convalecientes,
a pacientes afectados por la Covid-19, el funcionario solicitó informes a distintos organismos
públicos y entidades privadas, respecto a esta conducta encuadrada como
posibles negociaciones incompatibles con la función pública.
Ramos Ossorio
remitió estos requerimientos al
Ministerio de Salud Pública de la Provincia y de Nación, a clínicas y
sanatorios privados, al Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro
privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía de la Provincia, como medidas
preliminares.
En base a estas
respuestas, el fiscal determinará si
existió la comisión de delitos provinciales, como el de negociaciones
incompatibles con la función pública o, el de comercialización de plasma,
contemplado en el Art. 91 de la Ley 25990, conocida como “Ley de Sangre”.
El MPF recordó
que esta norma prescribe penas que van de 6 meses a 5 años de prisión, como
también multas que oscilan entre $ 10.000 y $ 500.000 a quienes intermediaren
comercialmente o lucrasen “en la obtención, donación, clasificación, preparación,
fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución,
suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda
forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados,
fuera de los casos autorizados en la presente ley o el que diere a la sangre,
sus componentes o derivados, un destino distinto del que ella autoriza”.
Aunque en el caso que se confirmara fehacientemente que se concretó la comercialización
de plasma, la causa debería trasladarse al ámbito de la justicia federal.
Los hechos que
se investigan se conocieron el sábado 26 del corriente mes, a través de redes
sociales y medios de comunicación de la provincia y el país, que la empresa denominada HemoSalta SRL informó
mediante una nota dirigida a sanatorios y clínicas firmada por su gerente, Martín
de la Arena, que “la trasfusión de plasma del paciente convaleciente, al ser
una práctica no nomenclada, se facturará al paciente por su reintegro en la
obra social y/o prepaga, de acuerdo al siguiente detalle: Transfusión de plasma
de paciente convaleciente de Covid-19 por aféresis, $30.000”.
NdR, 2 de
octubre de 2020.
