El Sindicato de
Empleados del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal aguarda este miércoles
una resolución que les permita la no concurrencia a sus respectivos lugares de
trabajo. El gremio se basó para fundamentar esta solicitud en el caso
confirmado de COVID-19 de la fiscal Verónica Simesen de Bielke, junto con la
posibilidad que hubiesen algunos más, derivados del contacto con la
funcionaria.
En un escrito
firmado por el Secretario General, Oscar Lafuente, y el Secretario Gremial,
José Luis Flores, los representantes de empleados judiciales hicieron esta
solicitud con carácter “urgente”. La misiva fue dirigida a Mirta Lapad, la
Presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público de la Provincia de
Salta, como también a los demás miembros de este organismo.
En función de
ello, exhortaron a que “se arbitren las medidas necesarias para que empleados,
magistrado y funcionarios dejen de concurrir a sus lugares de trabajo para
resguardar su salud y la de su familia”. En esta carta, Lafuente y Flores
argumentaron en función de “casos positivos de COVID-19 que hay en Ciudad
Judicial y no se han dado a conocer”.
Este pedido se
da en el contexto de la nueva situación epidemiológica, admitida por el
Ejecutivo provincial, en relación a la circulación comunitaria de coronavirus
en Capital y Orán. En las próximas horas, el Comité Operativo de Emergencia
provincial podría disponer un endurecimiento a las restricciones para circular,
a fin de acotar las posibilidades que se expanda aún más el coronavirus.
NdR, 26 de
agosto de 2020.
