La resistencia
a informar sobre manejos de fondos para emergencia sanitaria, epidemiológica,
compra de vehículos y fondos asistenciales le valió una imputación penal al
intendente de Santa Victoria Este, Rojelio Nerón. Tal es la confirmación que
dio este jueves el Ministerio Público Fiscal, luego del achaque por la supuesta
comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en
grado de autor.
La acusación,
firmada este lunes por el fiscal Armando Cazón, se fundó en que Nerón no
respondió los pedidos de informes de los concejales, relacionados a patrimonio,
convenios, ingresos y egresos de fondos al Municipio y otras cuestiones
vinculadas con su administración a cargo de esta Intendencia. A lo que se sumó
el aparente abandono a las comunidades, denunciado por caciques de la zona.
Este lunes, Nerón se presentó con defensa
particular e hizo su descargo ante Cazón, respecto a los motivos por los que
eludió responder al requerimiento de información que arrastra desde diciembre
de 2019, en materia de liquidez en las cuentas del municipio, ingresos por
recaudación, coparticipación municipal y otros conceptos.
De acuerdo a lo
ya publicado por este medio (Ver artículo “Pulgar al suelo para Nerón”, NdR 8
de agosto de 2020), los ediles habían decidido el fin de semana la destitución
del alcalde del poblado situado en el departamento Rivadavia. En tanto, una
denuncia formal ingresó por esas horas a la Fiscalía lugareña, rubricada por el
vicepresidente del cuerpo, Samuel Gilobero, quien junto a Abel Mendoza –Movimiento
Indígena- plantearon la recriminación hacia el Jefe comunal.
El representante
de las comunidades originarias planteó que Nerón eludió respuestas planteadas
el 29 de julio pasado, respecto a módulos alimentarios enviados desde el
Ejecutivo provincial, pozos de agua, programa Ticket Hay Paz, copa de leche y
coordinación de ANSES para atención al público en cuanto a asistencia social. A
esto, le agregaron haber librado a su suerte a la viuda del fallecido secretario
de Obras Públicas de Santa Victoria, Pedro Lozano, quien dejó una prole de 6
hijos. Ante lo cual, en la audiencia del lunes, el Intendente adujo que había
ofrecido un puesto de trabajo en la comuna a un hijo de la señora, aunque el
joven no habría aceptado.
Mientras que la
presentación realizada desde el Concejo Deliberante dejó constancia que el
titular del Ejecutivo ni siquiera contestó cuando fue invitado a ofrecer su
descargo, en relación a la situación financiera de la Municipalidad, la disposición y distribución de módulos
alimentarios, pozo de agua en la zona, funcionamiento del COE y control
municipal de los camiones entrantes y salientes en los meses que dura la
cuarentena por coronavirus.
Los ediles también
pidieron documentación respaldatoria sobre ambulancias adquiridas por el municipio; ingresos de ATN (Aportes
del Tesoro Nacional); licitación y factura de cobros de antenas portantes en
municipio; ingresos actuales del municipio, cantidad de personal de planta
contratada, planta política y transitoria; contrato con agentes prestadores de
servicios del municipio, bienes inmuebles a disposición; convenios con el
Ministerio de Salud, Recursos Hídricos y Vialidad; situaciones de las
aseguradoras y empleados municipales; novedades sobre presupuesto municipal por
parte de la Auditoría General de la Provincia, entre otros.
En la audiencia
de imputación del lunes anterior, Nerón adelantó su voluntad de aportar á la
documentación correspondiente a la actual situación patrimonial del municipio.
De todas formas, el fiscal Cazón evaluó que correspondía, en base a los elementos
reunidos, la imputación informada al jefe comunal, como redactó al finalizar
esta entrevista a comienzos de la semana.
Crédito
fotográfico: Tartagal al momento.
NdR, 13 de agosto
de 2020.
