Una detención en medio de una riña de gallos,
el ingreso de menores a una comisaría, apremios ilegales que presuntamente
fueron cometidos por cuatro policías y una especie de subvención para evitar el
relato de lo anterior. Todos los elementos que incluyó la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de
Bielke, en su requerimiento presentado ante el Juzgado de Garantías 8, para
elevar esta causa a juicio.
La misma tendrá como imputados a cuatro integrantes
de la Comisaría 30 de San José de Metán, acusados de delitos como vejaciones
agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores. Estos achaques
penales recayeron sobre los
policías Silvio Gustavo Orellana,
de 31 años; Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39; María Josefina Villagrán, de
24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.
La
investigación se inició, luego de la presentación hecha por la madre de los chicos -12 y 15 años-, quien
relató que el 30 de enero de 2017, entre las 18:30 y la medianoche, los
efectivos policiales identificados como Marcos Fernández y Silvio Orellana,
golpearon a sus hijos en el sector de la cocina de la Comisaría 30.
La señora
detalló que sus hijos habían sido detenidos, a partir de una denuncia de un
hombre que los acusó de robo, en el marco de una riña ilegal de gallos. Al
concurrir al establecimiento policial y luego encaminarse hacia un hospital
para que los menores recibiesen atención médica, uno de ellos le relató que el
policía Marcos Fernández le había ofrecido $ 100 para guardar silencio respecto
a tales hechos.
En efecto, el
informe médico del CIF realizado el 31 de enero de 2017, indicó que el menor de
12 años presentó “contusión con equimosis en región retroarticular izquierda,
con referencia a compresión manual en cuello y nuca; lesiones producidas por
golpe con elemento duro y romo”.
En tanto, el
examen realizado al menor de 15 indicó “equimosis en pómulo y ala izquierda de
nariz, escoriación con impronta de uña en brazo derecho, escoriación lineal en
pliegue de codo derecho, con referencia a golpe en región de la nuca, lesiones
producidas por golpe con elemento duro y romo”.
En sus
fundamentos, la fiscal penal
Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió
los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer
uso de la fuerza pública cuando fuere necesario” , ya que las
lesiones constatadas en la integridad física de los menores permiten sostener
que la conducta desplegada por los
imputados afectó el umbral mínimo requerido y la afectación de los derechos del
sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad e integridad
personal.
Además, en el
decreto de imputación se consignó que el sufrimiento infligido tanto al momento de su detención como luego, mientras
estaban en la Comisaría, “sin lugar a dudas, configuró un trato denigratorio y
humillante, físico y verbal, que tuvo por fin mortificar a las víctimas, lo que
produjo un ataque a su dignidad que merecían como personas”. Y un elemento
extra es el del intento de comprar la voluntad de los menores, para
evitar ser descubiertos.
NdR, 11 de
agosto de 2020.
