Por encima del
Decreto de Necesidad y Urgencia 320 de este año, el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino ordenó este viernes el
desalojo de una docente embarazada y en situación económica angustiante. En
tanto, Nancy Liendro, la profesora de inglés y turismo damnificada por esta
extraña decisión “judicial”, exigió una audiencia con el Gobernador Gustavo
Sáenz, a fin de mediar en este conflicto.
La orden del
magistrado va directamente al choque del DNU resuelto en marzo desde Casa
Rosada en marzo pasado. A tal punto que en mayo de este año, la ministra de
Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa recordó que "el DNU
que prohíbe desalojos y congela alquileres está absolutamente vigente"
hasta el mes de septiembre de 2020.
Con un embarazo
de su segundo hijo y resuelta a dar clases a cambio de alimentos, Liendro
recibió al final de semana la orden de evacuar una vivienda en ampliación de
barrio Parque La Vega. Lo más llamativo de la resolución dictada por el
magistrado Rodríguez Pipino es que la titularidad de estas viviendas se
encuentra en litigio, luego de haber sido adjudicadas un par de veces a
diferentes titulares, por lo cual su auténtico propietario es hoy una maraña
que convierte a este dato catastral en un misterio.
En la tarde de
este mismo día, NdR intentó comunicarse con Liendro para conocer más detalles
sobre la situación planteada en esta vivienda ubicada en zona sur de nuestra
capital. Pero dicha gestión fue infructuosa. De todas maneras, la docente le comentó
al portal La Columna NOA sobre la situación de “incompetencia del sistema
judicial que favorece a los sectores pudientes y políticos de turno”.
De todas
formas, es dable especular que el Ejecutivo provincial será el primero en buscar una solución para el problema judicial
creado con el caso de Liendro, ya que la orden pasa por encima, no de una norma
provincial, sino una cuya operatividad fue ordenada por el Ejecutivo nacional en
todo el país.
En medio de una
situación en la que la justicia, particularmente la de Salta, no pasa por su
mejor momento esta decisión conocida hoy empeora este panorama. El magistrado
que ordenó este desalojo es el mismo que un tiempo atrás se ocupó de la causa
judicial iniciada por familiares de los brigadistas y perdieron la vida en 2014
en los incendios forestales en Guachipas.
Liendro le
detalló al sitio de noticias colega que la resolución judicial favoreció a “Vicente
Apaza, que vive y trabaja en el Hotel de la Provincia en Iruya amparado por el
gobierno de la provincia y quien no tuvo problemas para agredir y falsificar
los hechos”. Y en referencia al magistrado, la docente alegó que “desconoció
e ignoró a mi abogado Pablo Ochoa”, alcanzó a explicar en medio de la
indignación.
NdR, 31 de
julio de 2020.
