El desalojo del
edificio municipal en Santa Victoria Este, sucedido esta medianoche, dejó a los
manifestantes con el sabor amargo, característico de la falta de respuestas. La
orden del fiscal tartagalense Armando Cazón generó un cierto malestar entre los
integrantes de la comunidad wichi que manifestaban desde el lunes en el local
comunal.
La orden del
funcionario del Ministerio Público Fiscal dispuso el operativo conjunto de
Infantería de Tartagal y los policías de Santa Victoria Este, el cual no tuvo detenidos,
pero sí dos manifestantes (de una veintena que se había apostado cuatro días
atrás, frente al despacho del intendente Rogelio Nerón) lesionados por el
forcejeo.
Como ya se
adelantó desde NdR (Ver artículo “Cuatro días sin novedades”, NdR, 30 de julio
de 2020) los pobladores pedían por agua potable, módulos alimentarios, fondos
de asistencia social, y ante la falta de respuesta a sus reclamos por parte de
la intendencia a cargo de Rogelio Nerón, la intercesión del gobierno
provincial.
NdR, 31 de
julio de 2020.
