F.P.
El pedido de
auditoría contable en todos los municipios, más pronto que tarde, surgió a
mitad de semana en torno a los representantes electos que cobraron o intentaron
inscribirse para el Ingreso Familiar de Emergencia. El exhorto lo lanzó el
intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, dirigido “a todos los jefes
comunales”, a quienes instó este miércoles a buscar puntas de ovillo en cada
gabinete municipal y lo cual resultará confortable para un sector del
oficialismo provincial.
Los ediles,
como ya se dijo en los últimos días desde estas páginas (Ver nota “IFE: un caso
tornasolado”, NdR, 27 de julio de 2020), figuran o deberían hacerlo como
integrantes de la Planta Política de cada Ejecutivo municipal. Salvo que no
hubiesen sido registrados por las respectivas administraciones comunales. Hete
aquí el gran problema, junto al celo con el cual ciertos alcaldes intentan
mantener a resguardo las cuentas de ingresos y –más que nada- de los egresos.
Conjetura de una omisión previsional que podría resultarles letal.
Por caso, los
concejales de Joaquín V. González intentan desde hace más de 30 días obtener el
detalle de los ejercicios 2017 y 2018, números a los que desde la Jefatura
comunal parecen haberles tomado excesivo afecto. Por el lado de los Valles
Calchaquíes, igualmente hay un cierto resquemor en algunas comunas en cuanto a
terrenos y viviendas, un ítem que los dejaría vulnerables. De manera tal que un
examen contable es lo menos oportuno en aquellos ejecutivos municipales, ya sea
por IFE o cualquier otro asunto.
En contraste, a
una fracción del oficialismo no desagrada del todo que sean auditados los
números de ciertas gestiones citadinas. Desde pocos días antes del desembarco
en el poder provincial, diciembre de 2019, una hipótesis merodea ciertos
despachos gubernamentales.
La posibilidad
que un organismo de control examine algunas cifras, por acá y por allá, como el
hallazgo de incongruencias u otros descubrimientos algo más purulentos abriría
la puerta a que la justicia cumpla su cometido y, eventualmente, sancione.
Algunas lecturas de la historia reciente sugieren que esta bitácora le
permitió, allá por el año 96 a la gestión romerista, tener un arranque a todo
vapor, castigos prematuros pero políticamente duraderos en el Valle de Sianca y
el de Lerma, lo que lo arropó con fama de “implacable” y sobrio al momento de
evaluar su desempeño administrando el Estado provincial.
En esta
proyección, resulta idea indiscutible que nada achacable pudiese haber en los
millones de dólares asignados al Fondo de Reparación Histórica, en cambio, se
transforma en sospechoso todo puente o alcantarilla licitado en alguna
pestilente ciudad del interior. La imagen a proyectar, dando la señal de un
cambio en el timón, respecto a la gestión Urtubey (gran parte de ella afincada
en la actual gestión), provendría de tal reminiscencia al resto del mapa
provincial.
El alcalde
chicoaneño se propuso como ejemplo a seguir, al dar inicio a una investigación
interna en su municipio. Sin embargo, Ivetich recordó en diálogo con diario El Tribuno
que "desde un concejal, pasando por la planta política de cada comuna
deben estar dados de alta en el sistema. Estas irregularidades demuestran que
estas personas no están registradas”. Situación que remite a dos posibles
conjeturas: ANSES no les dio el alta por algún motivo o bien el Ejecutivo
comunal no las pidió.
Sin embargo, no
es claro si del medio centenar de renombrados representantes electos accedió
menos de la mitad al cobro irregular de este beneficio. Aunque el cotejo de los
datos en poder del Tribunal Electoral salteño (¿Hay una consultora asesorando
al respecto? ¿Cuál será?) pasó la posta, de un sector de la prensa local a vecinos,
y así hay simulacro de “participación ciudadana” en esta pesquisa de ediles
réprobos. Un desmadre que deberá sujetar la justicia federal salteña, donde
derivó esta causa.
Bien vale
recordar un reciente artículo (Ver “El ritual de lo inusual”, NdR 28 de julio
de 2020) en el que se consideró que “frente a los avances tecnológicos,
que se nutren de la utilización de datos personales, adquieren cada vez más
relevancia los derechos constitucionales a la privacidad y a la
autodeterminación informativa. Son los individuos los que tienen derecho a
decidir sobre el uso y la cesión de sus datos personales”, aconsejó en su
último cónclave la Sección de Derecho Constitucional del Instituto de Estudios
Legislativos, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
NdR, 30 de
julio de 2020.
