Con guiños a
diferentes capas de la oposición, los que necesitará, el presidente Alberto
Fernández lanzó este miércoles el debate en torno al proyecto de Reforma a la
Justicia Federal. El espíritu central de la iniciativa contiene un planteo que
apunta a descentralizar causas que hasta ahora en su mayoría desembocan en
Comodoro Py, el distrito metropolitano del fuero federal, y desalentar la
confluencia con el mundo del espionaje.
En la
conferencia realizada desde Balcarce 50, el mandatario recordó que este
proyecto reactiva algunas ideas contenidas en el programa “Justicia
2020”, el que contuvo el trabajo de los senadores nacionales Humberto
Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y
la senadora Silvia Elías de Pérez. Del cual ponderó el objetivo que en los distritos
provinciales prevalezca “la especialización por materia” y así se eviten las “competencias
múltiples”.
En su presentación de esta iniciativa, Fernández resaltó
los pasos que se dieron a partir de los mandatos presidenciales de Raúl
Alfonsín, Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En contraste,
hizo un repaso crítico de los años de la “mayoría automática” y la justicia
durante el menemismo, al igual que los recientes cuatro años de “sótanos de la
democracia” perpetrados con asistencia desde el mundo del Derecho a las
persecuciones del macrismo.
En este contexto, el Jefe de Estado recordó que “la
Agencia Federal de Investigaciones volvió a quedar bajo un manto de sospecha al
permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de
participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”. A lo que se adosó que
“la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más
elementales normas que garantizan el debido proceso” y que por esta vía “se
abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al
encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas”.
Contexto en el cual recordó que en la misma noche de su
triunfo en las presidenciales, adelantó su preocupación por el funcionamiento
de la Justicia Federal. Especialmente la necesidad de imponer “la ley en forma igualitaria
con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor”.
El mismo rasgo
Mientras que al asumir el mando, ratificó sus críticas a
las “persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes
gobernaban, y silenciadas por cierta complacencia mediática”. Además, repasó su
idea que “sin Justicia independiente del poder político no hay república ni
democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el
deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por
todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones
políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al
adversario de turno”.
En esta dirección, justificó la intervención a la Agencia
Federal de Inteligencia como un paso previo al planteo de este parecer que en
octubre de 2019 sometió al “veredicto popular”, al que la mayoría de argentinos
acompañó con su voto. Y que reiteró aquel “compromiso ante el Parlamento
argentino, en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación”.
En este plano, detalló la puesta “a consideración del
Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Organización y
Competencia de la Justicia Federal”. La propuesta central es dotar al Poder
Judicial de un mejor organigrama que ayude a “superar la crisis que claramente
afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con
competencia penal”.
En tal sentido, el proyecto crea la Justicia Federal
Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la
consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
Cada uno actuará en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente
tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se
sumarán para acabar de conformar el fuero.
Fernández especificó que “esta lógica de ampliación del
número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor
jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema
acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”. De todas maneras, el
Presidente de la nación resaltó que “es necesario dejar expresamente aclarado
que la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el
principio del Juez Natural”, por lo tanto “la totalidad de las investigaciones
y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o
tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.
Un legado razonable
Otro apartado importante de esta iniciativa es la
propuesta de “transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia
para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en
su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de
competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente” (idea original de la
reforma constitucional de 1994).
En tanto, otro acápite “propicia la unificación plena de
la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso
Administrativo. En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de
los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que
atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor
judicial”.
Junto con un capítulo adicional que propende al “fortalecimiento de la Justicia Federal en el
interior del país”, tal como se había presentado en el programa Justicia 2020,
a cargo de los senadores Schiavoni, Pinedo, Martínez, Urtubey, Naidenoff y Elías
de Pérez.
Finalmente, la ley impone en su capítulo final una serie
de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales.
La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el
gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
257/15, establecía una serie pautas de actuación que en la magistratura deben
ser respetadas:
a)
Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.
b)
Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio
respecto de cualquiera de las partes.
c)
Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
d)
Ejercer sus funciones libres de interferencias.
e)
Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de
influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos,
miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de
presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su
resguardo.
f)
Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones,
y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad,
notoriedad u otras motivaciones impropias.
g)
Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados,
transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en
una posición especial para influenciar.
En este tramo de su exposición, Fernández puntualizó que “el
proyecto que se eleva a consideración del Congreso mantiene estas pautas de
actuación y agrega que su incumplimiento constituirá una causa grave de mal
desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren
corresponder”.
Además, pidió apoyo para la creación del el Consejo
Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.
“ A tal fin, he recurrido a
juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos
antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan,
lo que me ha determinado a convocarlos y convocarlas a la tarea de repensar el
funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”.
NdR, 29 de julio de 2020.
