Por: Federico
Pérez (*).
El ánimo tumulario
que se aprecia en el ámbito capitalino, con retroexcavadoras CASE y sus
chimeneas resoplantes, tal vez se tope con una presentación que lo tranquilice.
NdR supo acerca de un oficio que ingresaría este jueves en la justicia federal,
tendiente a que envíe un exhorto a la Municipalidad de Salta por la
preservación de una necrópolis de nuestra ciudad como reservorio de elementos
de prueba, en una causa por delitos contra la humanidad.
Se trata de la
representación legal de Brunilda Rojas, la que ejerce la abogada Tania Nieves
Kiríaco y que según supo este medio interpondría este escrito con el objetivo
de no alterar terrenos del cementerio de la Santa Cruz hasta tanto no sea peritado.
Hasta allí se deben rastrear restos humanos, correspondientes a ex
detenidos-desaparecidos en el interregno comprendido entre los regímenes de la
Triple A y la última dictadura cívico-militar.
Lo cual
presupone que las retroexcavadoras que alista la gestión titirromerista para delinear
cenotafios ante eventuales fallecimientos por COVID-19 tendrían que aguardar,
al menos si se habían programado en la mencionada necrópolis. Si bien, desde el
Centro Cívico Municipal anunciaron el operativo de contratación de maquinarias,
el apresuramiento por ponerle el moño a esta millonaria contratación directa
sólo alcanzó a indicar, en un primer momento, que los pozos se realizarían en “cementerios”
de nuestra ciudad, y luego especificaron que sería en el de San Antonio de
Padua. Aunque en este exceso de imprecisiones conviene siempre actuar por
anticipado.
El 9 de marzo
pasado, Kiríaco hizo reserva y requirió en el fuero federal sobre información histórica acerca de “los libros del cementerio
de la Santa Cruz, o cualquier otro dato de interés como documentación relevante
durante el período 1975-1983” (Ver facsímil), relativa a este camposanto como
depósito óseo que permitiese identificar a algún desaparecido de aquellos años
por la represión de ultraderecha.
En esta
solicitud, la letrada fundamentó dicha necesidad en “recuperar datos de ese
período”, en función de la meta por “determinar el lugar donde fueron inhumados
los cuerpos de los detenidos desaparecidos de Salta”. En el carril opuesto, la
gestión municipal capitalina refrendó su intención de practicar pozos en este
mismo terreno y acondicionar huecos para el depósito de eventuales decesos por
coronavirus.
Un anuncio ante
el que, por cierto, no escasearon hipótesis formuladas en atención a que esta
disposición capaz de cristalizar el espinazo de miles de prójimos,
efectivamente persigue alguna meta de insuflar inquietud para la ulterior
instalación de un crematorio en nuestra ciudad. Esta última, iniciativa que
trasciende las advertencias de los ecologistas por el previsto grado de
contaminación de napas que podría generar.
En este
contexto, se intentó vertebrar lo del párrafo anterior con el alerta dado por
la alcaldesa, Bettina “Titi” Romero, en cuanto a un escenario en que hubiese
circulación comunitaria de coronavirus en nuestra ciudad. Más la resolución que
erizó el arco superciliar, debido al rótulo de “urgente”, rubricado por el
funcionario capitalino Aroldo Tonini, a cargo de la Secretaría de Servicios
Públicos y Ambiente.
A contramano de
quienes cultivan la humildad, el despreocupado Tonini señaló que tiene "los
dos cementerios municipales a mi cargo”, dijo, no en alusión a NdR, sino a sí
mismo. El Secretario municipal admitió, a medias, que el hecho de referirse a
fosas comunes “genera escozor”, aunque a velocidad del rayo se restituyó en el
entusiasmo inicial y ponderó que “hay que prever parcelas para que haya lugar
disponible”. Hospitalidad con los difuntos por pandemia.
(*) NdR, 16 de
julio de 2020.
