Los hechos
vandálicos denunciados en los últimos días por empresas de servicios, junto con
el caso de los millones que extrañamente le sustrajeron a un funcionario
parlamentario, deben ser de los más extraños que recuerde la historia policial.
Un ataque a un vetusto colectivo que a duras penas cubre el servicio en zona
Sudeste y un grupo de jóvenes que amedrentó a operarios de la firma encargada
de la reposición del alumbrado público en el oeste capitalino.
Por un lado, la
empresa SAETA denunció que el martes pasado fue apedreada una unidad del
corredor 7C, cerca del Hospital Papa Francisco (uno de los más desvencijados centros de salud de
toda Salta). En esta ocasión, la advertencia lanzada por el conductor a través
de un botón antipánico fue lo que alertó a la policía, la que luego constató la
rotura de una ventanilla y lastimaduras a una pasajera.
Si se tienen en
cuenta estos detalles y se los contrapone a otras denuncias recientes, como por
ejemplo la cuádruple seguidilla de hechos violentos expuestos hace una semana
en barrio Castañares, fácilmente se advertirá que lo que no falta es seguridad.
En una de aquellas situaciones en el
norte capitalino, fue una cámara ubicada dentro de un colectivo (7B de la misma
compañía, Alto Molino). Es decir, los colectivos están asistidos por: botones
antipánico, cámaras de vigilancia, una división de SAETA específica para
asistir a choferes ante emergencias y la propia Policía de la provincia.
Este jueves, la
propia empresa SAETA anunció en un comunicado oficial que, ante una señal
activada por algún conductor, ésta “también es recibida por el área de Gestión
de Flota de SAETA, lugar desde el cual se apoya el pedido y se realiza la
comunicación con el área de seguridad”. Para más datos, indicó que “esta área
también es la encargada del control de las cámaras de seguridad de los 30
coches que componen el servicio nocturno”.
Los pedidos de
auxilio
A pesar de este
cuádruple escudo protector (botones antipánico, cámaras, Gestión de flota y
policía), los inefables directivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte
ensayaron una reunión con el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, a
quien le reclamaron más medidas de seguridad! AMT opera como el Joaquín Galán
de SAETA, ya que entre ambas cuentan con un presupuesto anual que es una vez y
media el total que administra la Municipalidad de Salta.
A este fin,
Pulleiro recibió este miércoles las quejas entabladas por Marcelo Ferraris y el
ex concejal Gustavo Serralta, difícil definir si en nombre de AMT o de SAETA.
Puede que de parte de ambas, ya que a la hora de los reclamos, principalmente
de subsidios, actúan en tándem
Y a esta volada
se sumó en las últimas horas la “inolvidable” empresa Lusal, supuestamente
encargada del alumbrado en la vía pública, y capitaneada por el abogado Emilio
Tuñón. Según el encargado de esta “empresa”, el martes por la tarde sus
operarios fueron amenazados por patoteros al hacer un recorrido por las
barriadas de la zona oeste, en Solís Pizarro y Atocha.
Dejando de lado
el hecho policial en sí mismo, si se le ha de creer a Tuñón esta cuadrilla
habría acudido abnegadamente en respuesta al pedido vecinal para la reparación
de luminaria. Otro hecho para inmortalizar en imágenes, puesto que son de los
que escasean en el curriculum de Lusal.
De ahí en más,
los medios de prensa afines abarrotaron sus crónicas con adjetivaciones a raíz
de este “brutal ataque” o “temor en los barrios”. Lo que terminó envalentonando
a Tuñón, quien rápidamente concluyó que la prestación de este servicio pasó a
convertirse en una tarea “peligrosa” y que ni siquiera el resguardo policial
será suficiente para continuar con esta asistencia a los barrios. Habría que
consultar a los vecinos, ya que probablemente esta amenaza de restricción del
servicio, muy parecida a la de SAETA, quizás sea la única noticia que tienen de
Lusal en años.
NdeR, 23 de enero de 2020.
