Por: F.P. (*).
La gestión a
cargo de Gustavo Sáenz no debería perder de vista la ilegalidad en medio de la
cual se obtiene diferente material sobre la infancia y la adolescencia, y respecto
al cuál nadie sabe con qué finalidad. Esta semana, diferentes medios de prensa
le pidieron al mandatario provincial encarrilar por la vía judicial esta
práctica lesiva de los derechos que amparan a sectores vulnerables, cuya
violación podría reportar dividendos a quien las perpetra.
Este lunes, el
portal de noticias Infobaires advirtió en relación al proyecto “Horus” que
llevan adelante ex funcionarios de la gestión Urtubey, y que tal parece, ahora
pretenden comercializar con la meta de engrosar sus cuentas bancarias
particulares. El informe del medio colega puso en foco al ex ministro Carlos
Abeleira (Primera Infancia), quien aparentemente intenta servirse de una base
de datos cuyo mismo origen podría considerarse ilegal, a lo que ahora le podría
sumar la posible privatización de su uso.
La
mistificación en medio de la cual se alumbró este proyecto “Horus”, no es otra
que la disolución de Primera Infancia, dispuesta por Sáenz ante los huecos
presupuestarios heredados de la gestión anterior y los airados reclamos contra
la notable ineficacia de la cartera que hasta el 10 de diciembre pasado
mantenía a su cargo Abeleira. Con el cambio nominal en el Ejecutivo provincial y
su laptop repleta de este material de logrado de manera dudosa -si bien desde
la esfera pública- el ex funcionario enfilará la semana que viene hacia el
estado de Massachusetts.
Hete aquí un
hecho develador en cuanto a la posible utilización de esta información que se
obtiene en medio de un manto de ilegalidad y luego se trafica, como modelo de
negocios hacia Brasil, Paraguay, Colombia y otras naciones. Algo de esto es lo
que habíamos puesto en entredicho al publicar nuestra nota “Sonríe alumno, te
estamos filmando” el pasado 7 de enero (#).
Un caso, el del
colegio 11 de Septiembre (barrio Santa Ana II) que disparó una prolífica
participación de esta comunidad educativa de la región sur capitalina,
principalmente en tono crítico por la filmación con cámaras de videovigilancia de
sus aulas. Y esto por no explicitar las dudas en torno al destino que se le
asignó a estas imágenes, al que debería prestarle particular atención el
flamante titular de la cartera educativa, Matías Cánepa.
La tácita
admisión del fracaso del proyecto educativo, puesto de manifiesto por la
directiva del colegio 11 de Septiembre, es la misma colocación de estas
cámaras. La seguridad debe ser una asignatura para las fuerzas específicas,
destinadas a la prevención del delito y a su posterior castigo, por lo tanto si
un establecimiento educativo encarrila su objetivo por esta vía eso mismo constituye
el reconocimiento de sus objetivos no logrados.
Al igual que en
este caso de los chicos sometidos al espionaje en clases, la recolección con
idéntica apariencia ilegal en casos de niños y adolescentes con desnutrición se
emparentan en los términos de incumplimiento de los fines y metas respectivos.
Una evidencia que basta de muestra son los 3 casos de pibes de la comunidad wichi,
fallecidos por desnutrición en los últimos días.
Primera
Infancia tuvo 4 años para trabajar sobre esta problemática, período en el cual
distrajo a la población con anuncios de supuestas bajas en los indicadores de
mortalidad. Los hechos contrastables esta semana, refrendados por la visita del
Ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel Arroyo, a tierras del norte
provincial, desdicen claramente aquel entusiasmo. Y la justicia provincial
debería estar presta a indagar, respecto a esta transacción con números o demás
datos relativos a pobreza, niñez e indigencia. Lo que no es un equivalente de
combatirla.
(#) Ver nota: https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-443_Sonr-e-alumno-te-estamos-filmando
(*) NdeR, 14 de
enero de 2020.
