#VotarSinSaber
La discusión acerca
del mamotreto con aprobación en general en Diputados del proyecto de los Milei
Brothers no atrae -tampoco fomenta- beneficio alguno para la economía criolla,
el perfil productivo del país o para los prójimos de provincias. En este eje
centrípeto se dan los minues y polkas que explican las contorsiones corporales
y verbales ensayadas por los diputados nacionales que le brindaron respaldo el último
fin de semana.
A partir del
desconocimiento sobre lo votado danzan las más desopilantes argumentaciones, y muchas
de ellas recaen de manera franca en el sofisma. Principalmente, las que parten
de la declamación de haber dado aquel respaldo en nombre del federalismo y/o
los intereses de tal o cual vecindad provincial, cuando lo que en realidad se
votó el pasado viernes oscila entre la incertidumbre y lo exactamente opuesto a
la primera afirmación aludida en esta misma frase.
En realidad, el
proyecto de Ley Ómnibus ni siquiera apunta a la acumulación de billetes verdes
para mejorar el perfil externo en materia de endeudamiento. Esto en función que
relega el cobro de impuestos a los bienes exportables (donde induce a la primarización
de manera explícita) y a la radicación de empresas foráneas. Con el agravante
que a las firmas internacionales les garantiza por 30 años que no se cobrarán
nuevos impuestos nacionales, provinciales o municipales.
Pese a la
presunción sobre desconocimiento al respecto para la mayoría de diputados
nacionales salteños que votaron el viernes, la iniciativa de Milei Brothers
contiene un apartado tóxico como es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
Pese a ser celebrado por el embajador Marc Stanley (EEUU) y la AmCham o tal vez
por ello mismo, el anexo III de la Ley Ómnibus impone este catálogo de
preceptos para el “coloniaje”, como lo denominó en un documento publicado por
el portal El Cohete a la Luna el Observatorio de Coyuntura Internacional y
Política Exterior.
Esta amenaza
heptagonal está orientada en las siguientes direcciones o áreas de interés,
según el OCIPEX.
a)
Asegurar
baja en el impuesto a las ganancias, créditos y débitos; reducción de la
alícuota de dividendos y utilidades; amortización acelerada de impuestos.
b)
Habilitación
para la adquisición de parte de las acciones o plantes de compañías ya existentes
de la esfera privada o pública (YPF, ARSAT o ENARSA).
c)
Exención
para el pago de derechos de importación y exportación.
d)
Envíos
al exterior sin restricciones de los productos fabricados dentro de nuestro
país y eliminación de cupos para abastecer al mercado interno (incluso en
materia de hidrocarburos).
e)
30
años con esta normativa tributaria, aduanera y cambiaria.
f)
Absoluta
y libre disponibilidad para girar divisas al
exterior, carente de restricciones en el mercado de cambios.
g)
Las
controversias entre el Estado nacional y estas compañías se resolverán en
tribunales extranjeros (principalmente el CIADI).
Este nada por
aquí, todo para allá, convierten en una quimera la meta del déficit cero comprometida
por el gobierno mileidista ante el FMI, ya que resulta inexplicable saber cómo
se logrará si el Fisco percibe poco y más bien nada. Mucho más en el caso de
las provincias, pues desaparecen hasta los requerimientos acerca de contratación
de mano de obra local calificada, transferencia tecnológica o de inversión en
Investigación y Desarrollo (I+D).
Incluso, implica la posibilidad que “el Estado podría
terminar subsidiando los procesos de venta de sus activos”, detalló este
domingo el analista Horacio Verbitsky en su columna de El Cohete a la Luna.
Además de fomentar “una inserción meramente extractivista” y “prohíbe la
creación de nuevos tributos o incremento de alícuotas a fin de incrementar la
carga tributaria mediante aumento de tributos provinciales y/o municipales”. Donde
naufragan todas las apelaciones entre extravagantes y humorísticas sobre el federalismo
y el desarrollo en las provincias.
Imagen: Misery (1990,
Rob Reiner).
NdR, 4 de febrero
de 2024.
