#MonitoreoAcuifero
La
tercerización de los problemas que los desarrolladores inmobiliarios y
compañías privadas transfieren al Estado provincial, con la carga extra de
recursos para dicha tarea, fue puesta bajo análisis por el Ente Regulador y la
Secretaría de Recursos Hídricos. Este martes, el organismo de control y el área
gubernamental antes mencionada ordenaron que en 90 días las empresas del sector
que proveen agua coloquen medidores en cada fuente de captación.
El titular del
Ente, Carlos Humberto Saravia, indicó que “el agua falta, hay que cuidarla y
tiene que alcanzar para todos”. De ahí emanó esta resolución desde el organismo
a su cargo y de Recursos Hídricos, a los fines que todo concesionario y
permisionario de agua para abastecimiento en diversas partes de la población
cuente con macro-medidores en las respectivas fuentes de aprovisionamiento.
En particular,
respecto a urbanizaciones privadas que no se encuentran incorporadas al área
servida por Aguas del Norte también ordenaron la colocación de micro-medidores
en cada lote de los emprendimientos inmobiliarios y les otorgaron un plazo de
180 días. En este período de tiempo los desarrolladores, consorcios de propietarios,
administradores de barrios y usuarios deberán coordinar acciones, en tanto la
resolución mencionada los considera responsables de su cumplimiento por
intervenir en las etapas de captación, transporte, tratamiento y distribución
del agua.
El criterio de
racionalización también pretende evitar que los loteadores habiliten en sus
desarrollos la residencia efectiva de personas cuando no tienen autorizada la
captación de agua ni pueden garantizar su provisión a los compradores y generan
reclamos que finalmente derivan para su solución en el Estado Provincial.
La resolución
importa en los hechos la imposibilidad de que la Dirección General de Inmuebles
apruebe proyectos si no existe permiso o concesión de uso de agua otorgados por
la Secretaría de Recursos Hídricos, y que Aguas del Norte no pueda otorgar
prefactibilidad del servicio de agua potable si es que no intervino previamente
la autoridad competente para autorizar la extracción del fluido elemental.
A fin de
contextualizar, Saravia concluyó que “en tiempos de emergencia hídrica hacemos
cumplir el Código de Aguas que exige la macro-medición a todo lo que tiene
permiso o concesión para usar el agua que es un recurso provincial. Avanzamos
también con la micromedición en donde pueden solventarla los usuarios e
intentamos evitar los fraudes que implican que algunos desarrolladores vendan
lotes sin siquiera haber pedido permiso”. De ahí, la síntesis acerca de la
escasez del agua, la necesidad de cuidarla,
administrarla y, en definitiva, que alcance “para todos”.
NdR, 5 de
diciembre de 2023.
