Por: Raúl
Timerman (*)
No se
aumentaron las retenciones, tal como rezan en letras catástrofe las portadas de
estos matutinos, sino que se dispuso eliminar los cuatro pesos por dólar que se
tributaban por la exportación de granos y actualizar los porcentajes de acuerdo
al valor de la divisa estadounidense. A eso le llaman “aumento de las
retenciones”, frase que nos retrotrae a aquella fallida resolución 125 que
tantos dolores de cabeza le trajo al gobierno de Cristina Kirchner.
El campo
“anticipa protestas” titulan los medios aludidos, como si todos los sectores
productivos que viven de la actividad agrícola estuvieran alineados con esta
postura beligerante. Nada de esto parece lógico en el marco del diagnóstico de
extrema fragilidad que evidencia la economía argentina y cuando no ha
transcurrido ni una semana de la gestión de Alberto Fernández.
El conjunto
de la sociedad debería replantearse por qué no reaccionó cuando el gobierno
anterior le recortaba fondos a la educación, a la salud, a los jubilados, a los docentes, a los científicos,
a los discapacitados, o cuando se incrementaron en porcentajes exorbitantes las
tarifas de los servicios públicos; y sin embargo ahora se horroriza cuando el
sector más rico de la Argentina amenaza con medidas de fuerza a causa del
aporte que el Estado le requiere en uno de los momentos más críticos de nuestro
país.
El actual gobierno deberá replantearse la manera de comunicar
este tipo de decisiones que vaticinan reacciones adversas de los afectados. Es
necesario que esa evaluación se efectúe previamente a la presentación pública
de las medidas que se pretenden impulsar y no con posterioridad. La razón es
simple: es mucho más trabajoso revertir la imagen negativa que instalan algunos
formadores de opinión aprovechando la falta de comunicación oficial, que
anticipar las razones virtuosas por las que se decide impulsar una iniciativa
que -se prevé- generará polémica.
Otra vez nos
encontramos ante una instancia en la que la frazada corta –metáfora siempre
útil para graficar la escasez presupuestaria- obliga al regulador de las
relaciones sociales y económicas que es el Estado a intervenir para inclinar la
balanza a favor delos más débiles. De eso
se trata el esfuerzo que el primer mandatario le pidió a aquellos núcleos más
pudientes que tienen mayor capacidad contributiva, aún en este contexto adverso
de la economía.
Si las entidades agropecuarias deciden volver a las rutas
para exigir al gobierno que no toque sus ganancias, deberemos concluir que
hacen oídos sordos al pedido presidencial de solidarizarse con la situación de
los millones de compatriotas que hoy no tienen para comer. Y ese conglomerado
multitudinario de pauperizados forma parte de este país que puja una vez más
por emerger del subsuelo en el que ha quedado tras una nueva –e infortunada-
experiencia neoliberal, período durante el cual las patronales del campo
incrementaron sensiblemente sus ganancias.
(*) Director
de la consultora Grupo de Opinión Pública.
NdeR, 18 de
diciembre de 2019.
