#Malanuestrayvan
Las manos
levantadas por cualquier circunstancia que pudiere presentarse demandada desde
despachos oficiales deberán volver al pupitre en la Cámara alta provincial. Por
ahora, al menos, según la evaluación preliminar hecha por el senador Javier
Mónico, titular de la Comisión de Legislación general, en referencia a la ley
anti fake news y sus implicancias para las garantías constitucionales aún
vigentes.
El legislador
por el departamento Rosario de la Frontera aseguró al final de esta semana que por
el momento el mencionado expediente no figura en los planes de la Cámara alta. “No
es un asunto que deba estar en la agenda inmediata”, indicó en una reciente entrevista
con Nuevo Diario.
Mientras sus
colegas, tal vez aguardaban como en partido de vóley -manos en alto- por la
llegada del proyecto anti fake, Mónico consideró que a lo mejor sería un asunto
más pertinente para el Congreso de la nación. El senador indicó que “es una
competencia más del Congreso de la Nación que de la legislatura provincial”,
admitió en relación al expediente con media sanción -y 0 lectura- de los
diputados provinciales.
De hecho, la
modificación al Código de Contravenciones que incluyó, de manera subrepticia,
este capítulo con sanciones para quienes difundan o pergeñen “falsas noticias”
se decodificó como un recorte a la libertad de expresión. En particular, dado
el interés explícito de proveer un mayor reaseguro a legisladores, funcionarios
del Ejecutivo y jueces, ante publicaciones que desmerezcan el ejercicio de tales
roles.
A la vez, esto
marcó una diferencia entre los inquilinos de ambas cámaras. En Diputados, mantienen
la idea para lograr una fortificación en el palacio de calle Mitre 550, a la
que quizás le falte un foso con cocodrilos alrededor y una división de soldados
en las ladroneras. Ello, en caso que algún ejército imaginario aceche en las
cercanías.
En cambio, en
la Cámara alta parece haber cierto remilgo en podar garantías incluidas en la
Carta magna (federal) y en tratados internacionales con rango constitucional.
Además, los senadores se desplazan sin aires de estelaridad al ser un cuerpo
con menos integrantes y el prejuicio de contar con menor volumen de debate, lo
cual en los últimos cuatro años pasó a ser patrimonio exclusivo de
Diputados.
En este
contexto, las diputadas que alegaron a favor de la ley anti fake news
plantearon una proliferación de contenidos mediáticos a los que consideran
perjudiciales para el honor, el buen nombre y el desempeño de sus funciones. Lo
que podría encuadrar como aquellos delitos cometidos a través de los medios de
prensa, los cuáles se encuentran tipificados -en el Código penal- con sanciones
posteriores a la emisión de calumnias, injurias o difamación.
De hecho, casi
al concluir esta semana se conoció la fecha del juicio entablado por la fiscal
Verónica Simesen de Bielke contra el locutor y dirigente político del macrismo
Martín Federico Grande Durand. La integrante del Ministerio Público Fiscal no
necesitó de ninguna legislación ad hoc para entablar acciones legales a Grande
Durand y sólo se amparó en las normas actualmente vigentes.
Así, la Fiscal
Penal y el conductor radial se verán las caras el próximo 10 de noviembre, en esta
causa por calumnias (falsa imputación de un delito) e injurias. Un simple ejemplo
que posiblemente sirva para que un sector del Legislativo abandone su
propensión a debatir tonterías.
Crédito fotográfico: Nuevo Diario.
NdR, 12 de agosto
de 2023.
