#Panoramatomarnota
Por: Leonardo
Juárez (*).
La educación
concebida históricamente en nuestro país -en su mejor arista- como un derecho
de ciudadanía, viene sufriendo desde hace décadas un proceso sistemático de
reconversión a mercancía en el que se transmuta en un bien intangible, cuyo
precio es fijado por distintas variables más económico- financieras que
pedagógicas.
La propaganda
oficial de los distintos gobiernos de Salta, señala como un gran logro los 181
días de clases, sobre el panorama desolador de las escuelas, los docentes y los
estudiantes, claro está, que sin olvidarse de señalar de manera cínica “la
reafirmación de un rumbo firme hacia una educación de calidad”.
Surge
inmediatamente un interrogante ¿Cómo puede sostenerse la existencia de una
educación de calidad con salarios docentes que en la mayoría de los casos
oscilan entre las líneas de pobreza e indigencia y con niños que llegan a las
aulas con sus estómagos vacíos, víctimas de la violencia estructural de un
modelo concentrador y excluyente?
No es posible
sostener seriamente ninguna reforma al margen de las condiciones materiales y
humanas que aseguren su implementación. Mucho menos puede pensarse en una
reforma democrática y democratizadora en las condiciones de indignidad a que
son sometidos los trabajadores de la educación y amplias capas de los sectores
populares.
No hubo, ni hay
un proceso de protagonismo real en el diseño de las políticas educativas. Los
reclamos de eficacia y eficiencia que realizan los organismos financieros y que
son tomados como parámetros de las políticas educativas se refieren al régimen
administrativo y contable, pero nunca al aprendizaje (a esta altura no es
casual que algunos ministros de educación hayan sido contadores públicos).
Lo que para un
banquero es eficiente (que se administre bien el dinero), no lo es para un
educador en la medida en que la escuela- aunque gane plata- sea incapaz de
lograr que los niños y jóvenes aprendan. De la mano de criterios contables en
la definición de estrategias pedagógicas, aparecen las sugestivas ideas de
replantear el financiamiento según el número de alumnos de la institución, o
según el grado de - “eficacia del aprendizaje”- medida por la cantidad de
promociones de un curso determinado. El imaginario de la relación pedagógica
como una mercancía, del alumno como un insumo y del padre como un cliente, se
instaló con secuelas obvias en la valorización del conocimiento entendido como
un derecho de ciudadanía.
De este modo,
se afirma la idea de que la escuela no enseña sino contiene, y los
niños-particularmente los provenientes de los sectores populares- no aprenden,
sino que son-en el mejor de los casos alimentados
Quienes
defendemos la educación popular tenemos muy claro que no puede haber propuesta
educativa democrática, en una sociedad de privilegio, impunidad y exclusión. El
desafío por tanto , es avanzar en la organización de una alternativa pedagógica
desde una perspectiva democratizadora en un triple sentido : democratizadora en
el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo; democratizadora en la
apropiación de aquellos conocimientos que contribuyan a la construcción de una
plena ciudadanía económica, social, política, cultural y educativa para las
mayorías populares; y democratizadora desde la organización del gobierno de la
educación y la toma de decisiones donde participen sin exclusiones.
En relación a
la resolución del pedido de aumento salarial al básico , que plantean los
docentes salteños, el ministro de economía se preguntará de donde sacar los
recursos e inmediatamente se responderá
¿sacarlo de partidas presupuestarias dirigidas a la obra pública? O¿
trasladar el costo del aumento a otros sectores del pueblo? tratando de
enemistar a estos con los docentes, podemos en todo caso impulsar la implementación
de un Impuesto de Emergencia del 5% anual sobre los siguientes sectores
productivos : Salta produce entre maíz, soja y sorgo 1.500.000 toneladas (un
millón y medio) a un promedio de 400 dólares la tonelada suma 600.000.000 de
dólares ( seiscientos millones); 250.000 toneladas de porotos( doscientos
cincuenta mil) a 800 dólares la tonelada suma aproximadamente 200.000.000 de
dólares ( doscientos millones); caña de azúcar 200.000.000 de dólares
(doscientos millones) y entre tabaco y hortalizas 400.000.000 millones de
dólares, la suma total redondea una cifra de 1.200.000.000 de dólares( mil
doscientos millones), un 5% sobre la facturación neta que se hace en la
provincia recaudaría 60.000.000 de dólares anuales( sesenta millones) al cambio
oficial de 240 $ el dólar, cerraría una cifra cercana a los 14. 400.000.000 de
pesos (catorce mil cuatrocientos millones de pesos) y se podría resolver el
aumento solicitado por los docentes.
Por si estos
recursos no fueran suficientes, el gobierno provincial tendría que responder
algunas preguntas ¿a cuánto se vende el petróleo y el gas salteño?, ¿a quién se
le vende? ¿quién cobra? Y ante la situación actual blanquear las regalías
hodrocarburiferas con control popular.
En conclusión,
sobran los recursos si bajamos la tasa de ganancia de la burguesía.
(*) Profesor de
Historia.
NdR, 20 de mayo de 2023.
