#Solocuarentaycincolucas
#Derechoalainformacion
La justicia provincial
impuso una multa por $ 45.000 y contando al Ejecutivo provincial, dada la
negativa grandbourgiana a informar sobre la millonaria inversión en publicidad
oficial. Esta penalidad que irá sumando de a $ 5.000 por cada día hábil que persista
en dicha terquedad fue dispuesta luego del reclamo de una entidad civil, la que
viene reclamando desde el año 2020 por tal información.
Al respecto,
la ONG Salta Transparente detalló que las 45 lucas de la sanción pecuniaria se
contabilizan hasta el pasado 17 de octubre, fecha en la que presentó la
liquidación por el reclamo planteado el año pasado. Lo más curioso fue que con
anterioridad, el Centro Cívico Grand Bourg había alegado en la apelación de una
sentencia adversa que dicho correctivo le causaría un “gravamen irreparable”.
Aunque probablemente aquella cifra empardaría al envío en comisión de dos
agentes de prensa gubernamental, a cubrir un evento oficial por dos horas, a no
más de 150 kilómetros de nuestra ciudad.
Lo que más
bien parece, detrás de tal excusa demasiado ampulosa, es que la molestia
oficial radica en el alcance de la solicitud de información gubernamental hecho
desde la mencionada entidad civil. ST admitió que si bien el Ejecutivo
provincial giró informes respecto a ciertos gastos en avisos oficiales, los
datos provistos fueron evidentemente a cuentagotas & remoloneando.
Ya en la
ejecución de la sentencia, la justicia resolvió el 14 de octubre pasado la
aplicación de la multa antes especificada. Lo que a su vez funcionó como
recordatorio/exhorto de la resolución adoptada el pasado 15 de julio por el
Juez Alfredo Gómez Bello, integrante de la Sala V de la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial. El magistrado hizo lugar a la acción de amparo contra
el CCGB y emplazó en 10 días a informar gastos en publicidad oficial en el
segundo semestre de 2020, los de 2021 y
el primer semestre de 2022.
La olla emanando
un cierto vaho capaz de llevar pulgar e índice hacia las fosas nasales, lo
constituye el expediente de contratación con la misteriosa consultora Praxis
S.R.L., empresa de la cual nadie sabe explicar los motivos y circunstancias de
su desembarco en Salta, como tampoco el resultado del concienzudo trabajo de
diagnóstico sobre medios de prensa por el que se le habría pagado sumas
multimillonarias.
En menor
medida, aunque no es de soslayar, el pedido incluyó también un detalle de otras
consultoras, medios y periodistas metropolitanos que cobraron avisos, a partir
del año 2019. Una penalidad que, al compararla con el gasto actual en
publicidad oficial –asciende a $ 500 millones- representa una proporción cuya
comparación podría determinar el INN, Instituto Nacional de Nanociencia y
Nanotecnología.
NdR, 19 de
octubre de 2022.
