#Defensavicepresidenta
#Sietepalosdepositados
La
representación de Cristina Fernández de Kirchner espera la aceptación como
querellante en la causa judicial que investiga la pista del grupo Revolución
Federal, por amenazas en su contra. Esta fracción es la que recibió al menos $
7 millones del Grupo de los hermanos Caputo, perteneciente al ex ministro de
Economía del gobierno anterior.
La inclusión
como querellante en este caso, tramitado en el juzgado federal de Marcelo
Martínez de Giorgi y delegada al fiscal Gerardo Pollicita, fue solicitada
formalmente este lunes. Los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos
Aldazabal, se encargaron de este trámite, ya que también la representan en la
causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora
detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.
Esta causa cuenta
con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos
miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra
la Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto
Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
El objetivo
de los representantes de la Vicepresidenta es conocer las pruebas, toda vez que
no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y
aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de
María Eugenia Capuchetti.
Unas semanas
atrás, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su
juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque
consideraba que, de momento, no contaba con elementos concretos que permitieran
establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de
dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal
porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los
casos siguieran tramitando por separado.
En la causa
en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información
que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios
intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de
2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space
que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?".
Esa conversación
sumada al expediente es en la que participan dos integrantes de esa
organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli,
de 26 años. En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella
presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los
simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en
referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se
intentaría menos de una semana más tarde.
“Hoy por
ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía,
lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí
una semana y espero que baje...”, decía allí uno de los miembros de Revolución
Federal.
En ese
expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de
Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados
a la firma “Caputo Hermanos”, según trascendió la semana pasada de fuentes de
la investigación.
Los depósitos
bancarios de la firma, vinculada a familiares del exministro de Finanzas del
Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de
pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su
carpintería, detallaron fuentes de esta
causa.
Crédito fotográfico: Revista Anfibia.
NdR, 18 de
octubre de 2022.
