#Mirarpasar
#Otraentidadestatal
El gobierno
provincial anunció la conformación de un Laboratorio del Derecho Público, otra
entidad de función contemplativa y remolonas implicancias para el sentido
práctico. En este último caso, asumiendolo desde el punto de vista del vecino
común. Por si de algo sirviese, el LawLab estará integrado por abogados que en
la actualidad integran la función pública, por lo cual no demandará gastos
extra en pagos de haberes.
El organismo
vio la luz este miércoles con la publicación del Decreto 631, rubricado por la
Secretaría General de la Gobernación. Incluso, tendrá como directora del
Laboratorio a su titular, Matilde López Morillo, quien estará acompañada por el
Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina, y por el titular de la Casa de
Salta en Buenos Aires, el letrado Martín Plaza.
Esta rama de
las actividades liberales no atraviesa momento de esplendor, pues sin ir más
lejos la Justicia provincial viene de rechazar un recurso orientado a que el
público sepa los montos que perciben mensualmente los jueces y demás millonarios
gastos que en cada año incurre el Poder Judicial. Aún así, una de las funciones
de este Laboratorio será la de difundir y publicar los estudios y análisis que
realice este órgano.
Pese a que la
tendencia provista desde la justicia gaucha apunta al costado teórico, la
flamante criatura sostendrá un “enfoque pragmático”, podrá delinear la
conformación de Comisiones y así efectuar lo que la norma resume vagamente como
“propuestas superadoras” (sea cual sea su definición precisa). Para incrementar
el misterio, incluyó entre sus metas la de “consolidar el derecho público local”.
Igualmente,
el LawLab tendrá entre sus asignaturas “la organización de seminarios, cursos y
jornadas”, relativas al Derecho Público. Algo que para los más críticos y
reduccionistas suele circunscribirse casi a una rama secundaria del
turismo.
Casi como en
esos antiguos certámenes de belleza, el altruismo y la filantropía no podían
estar ausentes en el acta constitutiva del nuevo órgano. Por tal motivo, el
Decreto enumeró la prerrogativa de indoctrinar a los funcionarios acerca del “bien
común como fin y fundamento del Estado, el fomento de la progresividad de los
derechos fundamentales de los ciudadanos”, como también “la dignidad de la
persona humana”.
En paralelo,
el Laboratorio podrá celebrar convenios con el sector privado, los municipios,
otras provincias y con entes gubernamentales nacionales y supranacionales. En
tanto, uno de los compromisos centrales será enaltecer “los principios del
federalismo a través de las herramientas del Derecho Público”.
De acuerdo a
la norma que lo dio a luz, el Laboratorio podrá integrar comisiones por medio
de aquellos profesionales que presten servicios en el ámbito provincial,
nacional o municipal. Esta posibilidad sucederá sin compromiso de remuneración
estatal, al menos en lo inmediato. Similar a esos campeonatos de balompié que
ocurren en la zona oeste capitalina y ¡Hasta se televisan! Bendita Salta,
tierra de posibilidades impensables.
NdR, 17 de
agosto de 2022.
