#Consejosobreladeuda
#Soberanosplantobandera
El espacio de
centroizquierda Soberanos se pronunció de manera crítica ante la posibilidad
que el gobierno nacional haga la vista gorda por las irregularidades en la
contratación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. El sector liderado
por Alicia Castro, Amado Boudou y Gabriel Mariotto alertó este miércoles sobre
los inconvenientes que tendría esta línea de acción.
Desde su
cuenta en Twitter, el espacio reiteró su consejo de llevar al FMI ante la Corte
Internacional de Justicia a la mayor brevedad. En este contexto, razonó que “el
FMI violó 6 artículos de su Convenio Constitutivo al prestar desmesuradamente a
la Argentina conociendo que el dinero se fugaba”. Por lo tanto, este organismo
internacional “tiene co-responsabilidades y obligación de resarcirnos”.
En contraste,
Soberanos evaluó que “si, en cambio, Argentina paga ahora al FMI reconoce la
legitimidad de la deuda odiosa tomada por el gobierno de Macri, lo que supone
tomar nuevos préstamos, endeudando y sacrificando a varias generaciones de
argentinxs”.
El analista
económico Alejandro Olmos Gaona, quien también integra este sector, adhirió a
comienzos de mes al planteo del gobernador puntano Adolfo Rodríguez Sáa. El
mandatario provincial postuló que este inmenso pasivo debe ser denunciado
internacionalmente “deuda odiosa”.
Al amparo de
la doctrina del francés Gastón Jezé, Olmos Gaona recordó la diferencia entre “deudas
de Estado y deudas de régimen”. Una idea que gravita alrededor de “determinar
el destino de los fondos obtenidos” por medio de tales empréstitos. En
particular, resaltó el ideario del pensador galo en que una deuda “puede
considerarse legítima si fue utilizada en beneficio del pueblo obligado a pagar
la misma”.
Olmos Gaona recordó las condiciones para considerar deuda odiosa:
- Que haya sido contraída sin la
autorización de los representantes legítimos del pueblo. Es decir, un
régimen dictatorial que ha usurpado el poder, y en uso de las
prerrogativas del gobierno de facto, que otros países no están
en condiciones de cuestionar, contrae deudas.
- Falta de consentimiento nacional,
es decir, que se trate de una obligación impuesta. Es evidente que no sólo
se trata, en este caso, de una deuda que haya contraído una dictadura,
sino también de aquella asumida por un régimen democrático para
refinanciar deudas provenientes de un régimen dictatorial.
- Ausencia
de beneficios para el pueblo.
NdR, 26 de enero de 2022.