#CausaElQuebrachal
#SenadorMarceloGarcia
Los días
soleados en el sudeste pueden nublar el porvenir de algunos distinguidos
vecinos del departamento que produce inmensas riquezas, como también villorrios
repletos de prójimos que sobreviven con mendrugos. En el caso que nos ocupa, este
fin de semana caen nuevas y fuertes imputaciones al senador Marcelo Durval
García.
El
representante departamental se ha visto frente a una serie de achaques tales
como fraude a la administración pública, malversación de caudales, también
incumplimiento a los deberes como funcionario. Claro que dichos achaques con
relieve penal corresponden a la etapa en que se desempeñó en el cargo de
Secretario de Hacienda del municipio de El Quebrachal, sin que ello oficiara
como catapulta al puesto legislativo que hoy aún ocupa.
De todas
maneras, la fiscala María Celeste García Pisacic consideró oportuno un
agravamiento en la condición actual del senador García, dado el remoloneo inicial
para la comparecencia que recién se produjo en días anteriores y se abstuvo de
declarar. En dos intentos previos, la delegada del Ministerio Público en el
distrito judicial Sur (Anta) se había topado con sendas inasistencias del
parlamentario a notificarse o a realizar su descargo.
Es que la
persistente invocación de García Pisacic se encuentra amparada en “la abundante
prueba recolectada”, reclamos que también alcanzan al hermano del senador -el
concejal electo Leonardo García- y requieren alguna explicación por el hueco en
las finanzas heredado en la Intendencia quebrachalense.
A juicio de la
Fiscala, los García Bros “incumplieron en forma reiterada las normativas que
regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una
administración pública municipal”. Entre los detalles igualmente figura un
aparente “manejo discrecional” de fondos comunales, junto con “un grave
perjuicio al erario municipal” e incumplimientos a normas administrativas.
En parte fue el
dicho sobre la vencida, pero más que eso, la indicación que se ordenaría una
escolta policial para producir su presencia ante la Fiscalía lo que convenció
al senador García, respecto a lo oportuno de acudir ante tal llamado. En base a
las actuaciones en la causa, Marcelo García tenía a su cargo el libramiento de
cheques. Pero esta rúbrica tenía como dinámica la carencia de respaldo
documental, lo cual motivaba presunciones ulteriores del aparente dispendio.
Incluso, sobrevuela
el caso la conjetura que esta práctica se realizaba “en beneficio propio y de
terceros”. En particular, con destino a gastos de campaña que remiten al año
2019, comicios en los que resultó electo.
La idea que
arribó al despacho de García Pisacic surge en función de papelería municipal en
la que el ex Secretario municipal consigna eventos tales como “Mateada Casa de
Lila Enrique”, “Sede”, “Elecciones PASO 2019”, “Elecciones PASO 2019 Tolloche”
y “Sede Elecciones”. Lo cual desembocó en el epílogo provisorio que por ahora
se tiene por cierto y apunta a que el proselitismo a su favor lo solventó parte
del presupuesto municipal.
En tanto, una
de las tangentes documentadas da casi por probado que Marcelo y Leonardo G
reclutaron de manera directa a una librería. Esto último sería una falla menor,
si no fuese que el mencionado comercio pertenecía a un empleado público –es decir,
un subalterno de ambos- con retribución extra por $ 111.458. En cambio, los
comprobantes adjuntados apenas alcanzan a $ 95.265 por lo que se infieren dos
situaciones: falta documentación o tal diferencia tuvo un destino nebuloso.
Alguna pista
obtuvo esta Fiscalía anteña al preguntar en la Administración Federal de
Ingresos Públicos, organismo que
ratificó la hipótesis del faltante por $ 16.193. A lo que se adicionó que en el
affaire de la librería hubiese correspondido hacer una adjudicación simple, en
lugar de contratación directa.
En tanto, otro
medio millón de pesos se imputó como “Ayuda Social a Personas”. Pero tales
partidas no designaron dato alguno sobre los beneficiarios, aún así, se pagaron
en efectivo. En cambio, para una retribución por “Servicios Jurídicos”, también
cash, se inscribió dos veces el mismo período (marzo de 2019). Todas
erogaciones concretadas sin firma de un Tesorero.
Una de las
conjeturas sobre lo último es que la gestión de García & García intentó
subsanar el balance documental completando todas las facturas “con una misma
fecha”. También que la generosidad del Senador y su hermano mayor trascendió a
la gestión de ambos, pues por algunos pagos diferidos su peso cayó en la actual
administración municipal.
En relación a
los pagos diferidos, la fiscala García Pisacic estableció que muchos de ellos
tenían como fecha de cancelación el 10 de enero de 2020. Los firmó Marcelo
García, el actual ocupante de una banca en la Cámara alta provincial.
Junto con la
infracción a la Ley Anti evasión que obliga a todos los pagos por encima de los
$ 1.000 a ser realizados, mediante depósitos bancarios, giros o transferencias
bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjeta de crédito, compra o
débito, factura de crédito u otros procedimientos. Pero no de acuerdo a lo
hecho.
Finalmente, la
acusación puso la lupa respecto a una obra para la provisión de agua potable a
la localidad de Gaona. El 1 de febrero de 2019, el Ejecutivo provincial
adelantó $ 316.043,58, y el 15 de mayo siguiente otros $ 735.222,12 en barrio
Evita, El Quebrachal. Pero tal inversión nunca fue concretada ni se expusieron
razones por una eventual reasignación de esta partida a otros fines. Con el
agravante que aquella gestión municipal fue triplemente intimada a realizar
estas dos obras.
Tras el arribo
del senador García a las oficinas de la Fiscalía, esta semana se amplió la
imputación propuesta, respecto a la original del 11 de diciembre de 2020. Además,
la titular de la Unidad fiscal anteña se reservó la posibilidad de ampliarlas,
de acuerdo a como vaya evolucionando la instrucción.
NdR, 11 de
septiembre de 2021.
