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La justicia
federal se despachó en las jornadas finales de junio con la indicación de un
delito que no existió, cachivaches argumentales y contradicciones que devolvió
con golpe de drive a sus pares provinciales. Con esta lógica objetó los
razonamientos desde el fuero provincial sobre el Bicentenario güemesiano y puso
en crisis su relativismo potsmo y ucasaliano, en relación a que todo es relato
y, por lo tanto, dependerá de las piruetas lingüísticas en el momento de la
exposición de cada caso.
Con lógica
ortodoxa, el fiscal federal Carlos Amad evaluó que entre la medianoche del 16
de junio pasado y el 17 de junio no hubo nada que merezca investigación
judicial. Poco faltó que la respuesta desde Deán Funes y España incluyera la
puntualización que si en la noche del 16 de junio pasado y las horas siguientes
se dio algún ilícito sobre el cual indagar, el único podría haber sido aquella emboscada al barbado
General que supo liderar Los Infernales. Dos centurias atrás.
Con esto, Amad
devolvió esta ácida controversia hacia sus pares provinciales. Entre los
últimos, se mantiene la tesitura que nada es absoluto: ni la ley de Gravedad, a
la que habría que examinar bajo la lupa de “la velocidad de las comunicaciones
en la era digital cambiaron nuestra percepción del mundo”. Por lo tanto, el
armazón newtoniano y todo lo demás que se da por cierto debería ser vuelto a
examinar. O más bien, a relatarse de nuevo.
Una corriente
de pensamiento que se extiende a grandes franjas del oficialismo provincial. Lo
que explica por qué se mantienen controversias que terceros podrían asignarle
catadura de estériles, tales como el reemplazo en el COE o la permisividad a
los desfiles de gauchos.
En esta
cruzada, Amad parece contar con el respaldo de la jueza federal de Garantías N°
2, Mariela Giménez, quien deberá resolver si hilvana con la reflexión del
fiscal federal o bien la deriva en recurso extraordinario a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. La magistrada ya se pronunció por el rechazo a lo
enviado por la justicia provincial, en la presentación por lo ocurrido (o no)
en los actos del 17 de junio último.
Una instancia,
esta del máximo tribunal, que podría resultar interesante a fin de determinar
la guerra de criterios planteada entre el plano provincial y el federal de la
provincia de Salta. Más allá del caso en sí mismo. Una puja entre la lógica jurídica
clásica y las ideas postmodernas que propugnan incorporar fragmentos de la
física (cuántica), la arquitectura (deconstrucción) y las teorías de la
información (tasa de variación de las transmisiones), como también la new age,
con la excusa de “enriquecer” el punto de vista. En verdad, habría que alquilar
balcones y ver la opinión de los supremos, al respecto.
Pero algo más
terrenal, el fiscal federal Amad incluyó en su dictamen reiterados
cuestionamientos a lo “absurdo” y “contradictorio”, de la presentación
efectuada por sus cuasi homólogos del fuero provincial. Dado que, según su
parecer, no hubo un solo momento en que la integridad física o protocolar del
acto en que participó el Presidente de la nación o su comitiva, permitiesen
avizorar la comisión de algún daño o delito.
Con esto, Amad
elevó esta lanza argumental en dirección a la levantada –en sentido opuesto-
por la “inolvidable” jueza Edith Rodríguez, como también los fiscales Ramos
Ossorio y Ruiz De los Llanos. Para lo cual entró en catastros que el trío antes
mencionado podría considerar trivial. Las preguntas: “quién fue o es su
ejecutor”, “el carácter de persona, ya sea particular o pública” e “intereses
afectados con la conducta investigada”, consignó este martes Nuevo Diario de
Salta, como la condición previa para hospedar el caso al contener materia
federal.
No faltarán
quiénes, además de los interrogantes enarbolados por el Fiscal federal, también
incluyan otros relativos a la formación de los integrantes de la justicia
provincial. Algo que nunca está fuera del GPS, si hemos de hablar de diversas y
contrapuestas construcciones de narrativas o “relatos”.
NdR, 30 de
junio de 2021.
