Un calvario para manifestantes anti minería

Lo peor que puede haber es caer en la justicia catamarqueña, a la que la dirigencia de izquierda asigna catadura de estar cooptada por las empresas mineras. Fue esto lo que le sucedió a una docena de manifestantes de Andalgalá, detenidos hace 10 días. En medio de un tufo bastante extraño en el oeste catamarqueño.
Hace 5 años F5 EN LA PUJA

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La diputada metropolitana Myriam Bregman alertó por el contexto político, económico y judicial en el que se produjeron y se mantienen detenciones sobre una docena de vecinos en Andalgalá por manifestarse contra la megaminería. La representante por el Frente de Izquierda detalló este martes que un juez de esta provincia “los acusa de delitos con altísimas penas”, lo que elevó la preocupación porque, señaló que “conocemos a la justicia de Catamarca, con Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas”, entre otros.

La experiencia a la que aludió Bregman contabilizó que ante conflictos en esta provincia “hemos tenido que recurrir a instancias internacionales porque en la provincia rige la ley de las mineras, nada más”. Este razonamiento coincidió con el efectuado hace unos días atrás por el diputado provincial Claudio Del Plá, luego que el legislador salteño concurriera a esta localidad catamarqueña a interesarse por la situación de los vecinos, detenidos tras una protesta realizada el 10 de abril último.

Por otro lado, el periódico Prensa Obrera detalló que la fiscal de la causa, Soledad Rodríguez, destacó en su perfil en la red profesional Linked In que maneja “Estrategias judiciales en zonas de conflictos mineros” y cuenta con especialidad en “contratos mineros”. Además, reseñó que en su rol de abogada cuenta con aptitud para “el asesoramiento externo a empresas”.

Diez días atrás, Rodríguez ordenó 12 detenciones, luego de acusar a los vecinos de daños y otros delitos, en un escrito en el cual fundamentó la extravagante posibilidad que tendrían de obstruir la investigación. Esta resolución se adoptó en medio de allanamientos, secuestro de teléfonos y advertencias tendientes a amedrentar a la población con el fin de disuadir de volver a manifestarse contra la minería.

Pasada una semana y media de la última manifestación, Bregman resumió que lo que está planteado en Andalgalá es una “situación represiva muy grave”. En esta localidad ubicada en la región oeste, distante a 248 kilómetros de la capital provincial, “12 personas se encuentran detenidas”, contó la legisladora metropolitana, luego que el 10 de abril protagonizaran “una masiva movilización reclamando al gobierno y a la empresa minera que bajen las perforadoras que ilegalmente instalaron”.

NdR, 20 de abril de 2021.