#Acuerdo #Salarios
#Entretelones
M.R.
La situación
institucional en La Caldera continúa al pendiente de lo que diga la conducción
de la Asociación de Trabajadores del Estado, luego de la oferta hecha por el
Ejecutivo municipal. Desde la Intendencia metropolitana ya extendieron un
cronograma acorde a lo demandado, en líneas generales, por el sector
proletario. De manera tal que ahora será el momento de develar si sorteado este
escollo hay detrás alguna intencionalidad política.
Lo que ocurre
es que en diversos ámbitos de la dirigencia política provincial tomaron con
extrañeza la intransigencia de la delegación ATE en esta localidad. Sumado a
que no mejora esta perspectiva una cierta cercanía entre esta entidad sindical y el Coordinador de
Desarrollo Social de la Nación, el ex alcalde lugareño y con intenciones de
volver a serlo, Héctor Miguel Calabró.
Por ello, la
intuición que hay algo más detrás de la controversia salarial cobró fuerza en
el Ejecutivo provincial, como también en el Foro de Intendentes de la Provincia
de Salta, desde donde notificaron dichos temores al Jefe comunal, Diego Sumbay.
El Intendente caldereño creyó detectar algo de este aroma en una cierta
prepotencia que avistó, desde el año pasado, en un sector importante de agentes
comunales.
Desde el 6 de
febrero de 2020, previo a la pandemia, Calabró dejó el puesto como asesor del
senador nacional Sergio Leavy (Resolución de Cámara RSA 0340/2020) y se encargó
de la agencia territorial de Desarrollo Social de Nación. Por otro lado, unos
días antes –el 28 de enero del año pasado- fue confirmado como “Gerente
Suplente” en la compañía Jardín Celestial S.R.L. en resolución firmada por Rosario Sierra, directora General de
Sociedades [con lo cual la firma quedó en manos de los 2 Héctor: D´Andrea y
Calabró].
Además de estas inquietudes divididas entre el mundo corporativo y la
ayuda social, el alcalde Sumbay le atribuye a su antecesor cierta participación
en un factor que genera inestabilidad institucional extra: los loteos ilegales.
De acuerdo a las conjeturas del Intendente caldereño, no Héctor Miguel Calabró,
pero sí su esposa tendrían vinculación con la venta de terrenos en el ejido
municipal que debido a la irregularidad con la que fueron parcelados, resulta
casi imposible asegurarles a sus actuales propietarios el acceso a los
servicios esenciales.
Sumbay recordó este fin de semana que son más de 10 los loteos que se encuentran
pendientes de regularización, desde mucho antes del inicio de su gestión (en
diciembre de 2019). También que fueron infructuosas las advertencias a muchos
de los incautos compradores que, antes de concretar dicha operación,
verificasen en la Municipalidad de La Caldera si estaban proyectando sobre
catastros aptos para vivienda.
La buena
voluntad de la comuna, direccionada sólo en función de los vecinos, posibilitó
la apertura de calles, pero le ocasiona una carga extra a la comuna si la
parcela adquirida “no está legal”, ya que luego “se traslada esta carga a la
Municipalidad”. Esto, ante el incumplimiento del loteador, sumado a la complicidad
de algunas gestiones precedentes que consintieron esta práctica y generaron el
actual desorden.
En referencia
al conflicto con los empleados municipales, desde el Ejecutivo caldereño confiaron
que el ofrecimiento para subir un 38 % en cuotas los haberes de los agentes
públicos, junto a un bono por $ 7.000 a cancelar en dos tramos satisface el
reclamo. Y al menos por ahora, le priva a ATE de un pretexto para conflicto; al
menos en nombre estrictamente de los intereses de sus representados. Por lo que
la campaña política deberá reencauzarse por los carriles habituales.
NdR, 1 de abril
de 2021.
