#Reforma
#ConstituciónProvincial #Legislatura
Las primeras
impresiones fueron negativas, a poco que se conociera durante el fin de semana
la convocatoria a extraordinarias en el Parlamento gaucho, en que la reforma
constitucional encabeza casi toda la atención. El proyecto con este llamado
enviado, rubricado por el Ejecutivo
provincial, alterna ciertos y escasos avances republicanos, junto a un
sinnúmero de contrarreformas y omisiones.
Lo principal es
el escenario electoral en que tendrá lugar, entremezclando el debate de
propuestas partidarias con la norma matriz que le da nacimiento a esta –y a
otras, muchas- notable actividad. Allí la crítica medular, una constante en la
actual gestión saenzista, es que el oficialismo ´se corta solo´, dicho esto en
alusión a la casi nula vocación de diálogo que cunde entre los actores del
elenco gubernamental.
Como era de
presuponer, la invocación a esta instancia de debate no dice “mu” en cuanto al
cuestionadísimo sistema de votación, el cual emparda con el imperante en el
Maracaibo, región considerada como de capacidades cívicas diferentes. Por el
lado derechoso, Ricardo Gómez Diez adelantó este domingo “que si se eligen los
convencionales con el sistema electoral actual, los votos no tienen igual
valor, ya que ´un convencional constituyente en La Poma necesita 518 votos y en
la capital más de 25 mil´”, le dijo al diario El Tribuno.
Por ello, su
contrapropuesta fue que los convencionales “deben elegirse de manera
proporcional a la población, dividir la provincia en secciones electorales, o
distrito único. Es decir, elegir convencionales considerando a toda la
provincia o por secciones electorales”, señaló Gómez Diez.
En el ala
izquierda del arco político, se cuestionó esta decisión a las apuradas desde
una gestión “que en uno de sus primeros actos, amplió el número de miembros de
la Corte de justicia para garantizarse el control del poder judicial y la
consecuente impunidad, del propio gobernador, en relación a los desfalcos
producidos bajo su gobierno en la municipalidad”, indicó un pronunciamiento del
Comité provincial del Partido Obrero.
Desde el sector
centroizq, Unidad Popular, el dirigente Edmundo Falú concluyó este sábado que
no habrá reforma posible a la Carta Magna provincial “sin la participación del
pueblo”. El representante exhortó a considerar esto “antes de intentar una
reforma constitucional debemos repensar el Estado, la Justicia, los
instrumentos de participación ciudadana, los mecanismos de control y la
incorporación de la ciudadanía en la generación de políticas públicas”.
El analista
político Luis Caro Figueroa advirtió que esta convocatoria a extraordinarias
obedece a “una decisión sorpresiva, sorprendente y desaconsajable en muchos
sentidos y por varios motivos”. Entre tantos más, el columnista del portal
Iruya apuntó que “las circunstancias que hicieron imposible el año pasado el
tratamiento legislativo del mismo proyecto (la emergencia sanitaria y la crisis
de las finanzas provinciales, entre otros problemas graves) no solo no han
desaparecido de nuestro horizonte sino que se han agravado”.
De manera tal
que, “es absurdo que el gobierno insista en hacer algo que antes no pudo hacer
a causa de dificultades que aún no ha sido capaz de superar”, recordó Caro
Figueroa. Además que una reforma a la Carta Magna provincial “requiere de una activa participación de la oposición
política”, dado que “no existe ningún asunto político en el que la
intervención de los discrepantes sea tan decisiva y necesaria”.
El documento
del PO alertó que “no habrá debate y menos aún soberano, para aprobar un
paquete de reformas blindado en solo 14 artículos, que viene arreglado por los
que gobernaron la provincia el último cuarto de siglo”. En particular, que “Romero, Urtubey y ahora
Sáenz, han sido violadores seriales de la Constitución, o acomodaron su texto
como un guante a la medida de sus intereses como la reforma de Romero en 2003
para habilitar su re-reelección”.
Finalmente volviendo
a Caro Figueroa, el articulista fijó su atención en que “la cortina de humo que
oculta las verdaderas intenciones de la reforma supone sancionar el derecho eterno de los poderosos
de Salta a adelantar y atrasar a voluntad el reloj de nuestra democracia”.
Y al igual que el PO, se retrotrajo a que el planteo de “esta limitación del poder son exactamente los mismos que en
1998 y 2003 derribaron todas las barreras lógicas y los obstáculos morales que
ya entonces hacían desaconsejable extender de uno a tres los mandatos de los
gobernadores de Salta”.
Con la firma de
sus principales dirigentes –Claudio del Plá, Pablo López, Gabriela Cerrano,
Ramón Corregidor y Carmen Venencia- el PO instó “a pasar de largo de toda
maniobra y enfrentar el contenido reaccionario de la reforma, debemos poner
toda nuestra energía en desarrollar la intervención de los trabajadores en la
crisis para imponer una salida que garantice el salario igual al costo de la
canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados y los recursos indispensables
para enfrentar la crisis sanitaria y educativa y derrotar el ajuste capitalista”.
Y esto sólo por ahora. Habrá que esperar los demás pronunciamientos durante la
semana.
NdR, 7 de febrero de 2021.
