Prado: ¿Chivo expiatorio del caso gasoducto?

Por: Federico Pérez (*). 

La espuma mediática y política arrojada en torno a los caños del gasoducto del NEA es lo único que por ahora se aprecia en la superficie. Aunque también lo que parece ser una cierta inclinación a que el intendente Jorge Prado (Aguaray) sea el pato de la boda, el chivo expiatorio de la cuestión, o bien apenas un eslabón de una cadena más gruesa. Y que podría conducir más alto.  

Un punto de partida ilustrativo al respecto es que el actual Jefe comunal asumió en la Municipalidad norteña en diciembre de 2019. En tanto, el presunto robo de caños para el tendido del ducto gasífero se remonta, según la ampliación de la imputación en su contra, hacia noviembre del año pasado, de acuerdo a los apuntes del fiscal federal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal.

El Fiscal recordó que el 12 de noviembre de 2019, Miguel Ángel Cuéllar fue sorprendido en el paraje Alto La Sierra, transportando 14 caños a bordo de un colectivo modificado para trasladar esta pesada carga. Por este hallazgo, Romero le cargó al Jefe comunal de Aguaray (aún no asumido, por aquel entonces) un achaque más por aparente fraude a la administración pública. A Prado ya le habían imputado en esta misma causa un cargo similar y anterior.  

Lo curioso de todo es que hasta el momento, en la causa propiamente dicha sólo figuran indicios que conocidos del alcalde norteño o terceros que invocaron su nombre –o una orden firmada por él- se encuentran entre los involucrados. Esto en cuanto a la causa judicial. En cambio a nivel de la difusión mediática, el primer misterio remite a un nexo que es corriente en poblaciones salteñas, en las que vecinos de una misma localidad o de poblados contiguos hubiesen mantenido con anterioridad trato profesional, mercantil o de amistad. El segundo, un indicio para indagar más en profundidad. 

Cerca del intendente Prado, si bien se reservaron comentarios en cuanto a una supuesta ingenuidad con la que podría haber actuado, ratificaron que la decisión al disponer el retiro de los caños se basó en normas internacionales que protegen al medio ambiente y que, en lo especifico, resultan aplicables a herramientas abandonadas dos años atrás. Y que notas de canales metropolitanos consignaban en los años previos sobre el riesgo ambiental, debido a electrodos (para soldadura) y volcaduras de aceite que había generado este abandono de la obra.

De manera idéntica, aún quedan interrogantes por esclarecer en esta investigación principalmente en cuanto a la logística con la que se habría cometido este gigantesco robo y el beneficio pecuniario que este accionar ilegal pudiese generar a quienes lo habrían perpetrado. En relación a esto último, el propio Prado se avino a que la justicia federal revise los últimos movimientos en sus cuentas bancarias.

Mientras que la conjetura de un supuesto micro emprendimiento delictivo del Intendente & unos cuantos amigos vinculado a esta hipotética sustracción por u$s 13,5 millones, no parece razonable en sí misma. Un informe realizado por el periodista Nicolás Bignante, publicado en el periódico Cuarto Poder el 17 de agosto último, expone una serie de dudas pesadas de sobrellevar.

Principalmente técnicas. Una de ellas es que “cada caño sin costura de 11 metros” que fabrica Tenaris -la división específica de Techint- cuenta con un número de serie que funciona como si fuese su DNI. Esta numeración sirve para determinar, más allá de cualquier duda razonable, la ubicación del lugar exacto, previsto para soterrarlo.

Por todo lo anterior, el mencionado colega indicó en este artículo que “la tajante conclusión de los especialistas en obra pública es que un robo de esa envergadura sencillamente no tiene mercado”. Es decir, si la sustracción de estos tubos sin costura fabricados por Techint se hubiese efectuado, posteriormente no tendría quien los compre. Y, por tanto, no habría beneficios para su autor. 

Tal vez por este motivo, en la Legislatura provincial aún no prosperó el pedido de remoción que un sector de los representantes –el Frente de Todos- planteó como salida para el caso de Aguaray. Fuera de algunos chispazos mediáticos, aparentemente el avance de la causa judicial no logró persuadir a las demás bancadas en cuanto a varias dudas, algunas de ellas consignadas en este artículo.

Crédito fotográfico: Feedback Salta.

(*) NdR, 27 de agosto de 2020.