Al divino o al botón antipánico

A pesar de las cifras oficiales de ascenso de denuncias por violencia familiar y de género en la provincia de Salta y que en muchos casos terminan en femicidios, debido a múltiples factores, falta asistencia en prevención. Un mecanismo que debería estar al alcance de las mujeres, en cumplimiento de las políticas públicas en materia de prevención son los botones antipánico.
Hace 6 años SOCIEDAD

Por: Tania Kiríaco (*).

Evidentemente existe una falla en el sistema por parte del Estado debido a que los botones antipánico no son utilizados correctamente, ya sea por la falta del dispositivo, o porque son utilizados con otros fines, los mismos deben prevenir las muertes evitables de las mujeres.

Este instrumento preventivo es monitoreado las 24 horas por el Sistema de Emergencias 911, en un procedimiento que consiste  en que las víctimas de violencia se conecten de manera inmediata con la Policía de Salta.

 No se sabe a ciencia cierta por falta de información oficial cuantos equipos se activan anualmente, los mismos son parte de un plan de una “Salta libre de violencia” vigente desde el año 2015, producto de la Declaración de emergencia pública en violencia de género, la compra de estos son exclusivamente para ser utilizados en la prevención de violencia hacia las mujeres

Las víctimas  acceden al botón antipánico por pedido de juzgados o fiscalías. Estos dispositivos son monitoreados las 24 horas durante los siete días de la semana por el personal policial del Sistema de Emergencias 911.

 De los informes del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (2018) a fin de monitorear este dispositivo de prevención de violencia hacia las mujeres textualmente dice: “Con respecto al Ministerio de Seguridad, no contestó cuál es el presupuesto asignado específicamente. Solo el Servicio Administrativo Financiero informó que contaba con $931.000 para el servicio de mantenimiento de post implementación de botones de pánico”.

 Finalmente un paliativo que fue utilizado indebidamente conlleva la responsabilidad del Estado por no garantizar la vida de las mujeres en la provincia, derecho constitucional que debe cumplirse como mecanismo evitable para el cese de las muertes de mujeres en un contexto de género.

(*) Abogada, ex directora del Observatorio de Violencia Contra la Mujer.

NdR, 5 de marzo de 2020. 


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