Abogados definen: quiénes y para qué

#Selecciondenombresconsejomagistratura

F.P.

Los próximos 5 días serán a puro vértigo en el mundo abogadil, pues el próximo viernes habrá concurrencia a las urnas para seleccionar aspirantes a ingresar al Consejo de la Magistratura. Las buenas gentes asumen que en lo formal esta convocatoria propende al republicanismo, pero debido a que de por medio está el mejoramiento del Poder Judicial, no pasa de ser una disputa política más. 

En línea con el mencionado contexto, diversas fracciones de la política sacan pecho sugiriendo que dan envión a cada lista que presenta candidatos en esta contienda en el mundo del Derecho. Por eso, se menciona a las huestes saenzianas, romerianas y macristas apadrinando o con intenciones de proyectar esta impresión, sin más elementos de contrastabilidad que la mera imaginación. 

Así, Flavia Calvente Mazzone es la figura abogadil que propone “Foro Unido” Oscar “Pino” Rocha Alfaro encarna la postulación de “Será Justicia” y Armando Caro Figueroa viene por el sector denominado “Justicia Nueva”. Mientras, “Abogacía Plural y Federal” propone a Humberto Burgos, nombre que remite a la actual conducción del Colegio Profesional (el cual definirá nueva directiva a fines de este mes) y “Nuevos Desafíos” impulsa a figura acostumbrada a fatigar los pasillos del poder como Eduardo Romani (antecesor en la conducción de la entidad).

De modo tal, con estas cinco agrupaciones, la meta a cumplir estará orientada a convencer a los 13 nuevos profesionales ingresados un mes atrás a esta profesión, junto a los miles de matriculados en el resto de la provincia. La presunción más extendida provee la imagen según la cual el Consejo de la Magistratura es órgano más inclinado a las prolongadas siestas, cuando se trata de evaluar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales. Contra dicha impresión social probablemente irán los speech en los próximos días.

Claro que una evaluación algo más exhaustiva indicará que con los tres sillones en juego, a definirse el próximo viernes, tampoco cabe esperar un zarandeo generalizado en un sector medular sobre el que se asienta el orden republicano. Por ejemplo, si bien la vecina república de Paraguay impuso el voto electrónico -sistema con idénticos reparos a los planteados en suelo salteño- al menos allá también existe un Tribunal Superior Electoral. A diferencia de lo que ocurre en nuestra provincia, donde el máximo órgano jurisdiccional participa también en la competencia electoral y en el Consejo de la Magistratura.

A ello se debe que no haya registro, salvo dos o tres casos excepcionales, de las conductas de funcionarios y/o magistrados. En contraste con las decenas de planteos por demoras, suelta de violadores o imposición de regímenes de detención domiciliaria [NdR: un caso de estos persiste en Joaquín V. González, junto a una extendida preocupación por la inseguridad y robos ocurridos alrededor de la propia ciudad judicial!!!] y hasta fallos medievales imponiendo censura previa a medios de prensa. Lo cual, lejos de motivar algún monitoreo específico, catapultó ascensos casi imposibles de explicar. 

Por el costado de los consejeros incorporados a propuesta del Poder Legislativo, el panorama no viene con amagues de lograr alguna mejoría. Es que en Mitre 550, dado un repaso de nominaciones durante los últimos diez años, los detractores insisten en señalar la tendencia a proponer indoctos para el Consejo de la Magistratura.  

Sin nadie que lo note, los mandatos de los actuales consejeros se encuentran próximos a vencer, tanto por el lado de los 3 representantes de la/os abogadas/os, como por el de la Corte de Justicia, y el del Poder Legislativo. Es decir, está en proceso la renovación de sillones en el órgano encargado de analizar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales e imponer sanciones, en caso de corresponder. Una definición que pareciera extraída de guión más apto para un humorista. Pero no.

NdR, 5 de  marzo de 2023.