Justo un 29

Una serie de informes de índole cuantitativa y cualitativa deberá ofrecer el Ejecutivo provincial este viernes, como último plazo, respecto a gasto publicitario. Esta documentación exige un fallo judicial que dio la razón a la ONG Salta Transparente. El cual expira, precisamente, este viernes.
Hace 4 años ESTRADOS

#Informealplato #Publicidadoficial

Con un billete verde de baja denominación bajo el plato, este viernes la población aguarda el informe relativo a los millonarios gastos en publicidad en los que incurrió el Ejecutivo provincial en el último tiempo. Información a la que el Centro Cívico Grand Bourg le ha tomado excesivo afecto, lo que dificulta la exigencia formal planteada por la ONG Salta Transparente.

Es que la justicia provincial emplazó en 10 días al gobierno provincial, un plazo que expira este último viernes de julio. Ello, en base a la sentencia  dictada el 15 de julio pasado, luego del amparo al que recurrió ST  el 30 de mayo de 2021 contra la Secretaría de Prensa de Gobierno, por entonces a cargo del actual e increíble diputado provincial, Víctor Lamberto.

Producto de esta decisión formal, el Ejecutivo gaucho tendrá que esclarecer –junto a la documentación de las millonarias partidas en publicidad-, copias de las contrataciones a medios de prensa y controles de aire que certifiquen la emisión de estos avisos oficiales. Cuestión de aventar el graznido de todos aquellos pájaros de mal agüero, quienes conjeturan por ahí en relación a empresas o programas (audiovisuales) fantasmas.

Otra de las precisiones que el Ejecutivo provincial deberá suministrar son los pagos a medios de prensa nacionales (cuya benevolencia hacia el oficialismo salteño es más que llamativa) y a ciertas consultoras en particular, una denominada Praxis S.R.L.

Desde Salta Transparente especificaron que la documentación deberá incluir los pagos por publicidad oficial correspondientes al segundo semestre de 2020, al año 2021 y al primer semestre de 2022. El precedente inmediato a esta requisitoria precisó que la gestión saenziana envió por esta vía unos $ 239.930.329, entre enero y junio de 2020.

Por añadidura, en el fallo dictado a favor de la ONG –presidida por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita- se requirió acerca del criterio para la distribución de la pauta oficial que utiliza. Lo que implicará girar instrumentos legales dictados, en los que se incluya el criterio de distribución de la publicidad oficial utilizado a partir del 2020 y copias del listado de medios elaborado durante el 2020 en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 57/02 [NdR: norma que fija el reparto de avisos en función de la audiencia e inserción social de cada medio].

En esta materia, ST recordó que a comienzos de 2020 el entonces Secretario de Prensa de la Provincia –actual diputado provincial Víctor Lamberto-, en su estilo puntilloso, analítico y cuasi matemático, alegó que para la asignación de pauta oficial se habían tenido en cuenta diferentes variables. Entre las que resumió: alcance de cada medio en función a la audiencia, finalidad de cada aviso, pertinencia del mensaje y el alcance de las localidades que integran la Provincia. Aunque en este último caso, alcanzó a hilvanar que se estaba “elaborando la modalidad de dar cumplimiento al Decreto 57/02”.

NdR, 29 de julio de 2022. 


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