Martes ante la Legislatura

El colectivo barrial contra la impunidad policíaca exigirá que actúe la justicia este martes, frente a la Legislatura provincial, a partir del recrudecimiento en las situaciones por brutalidad expuesta en hechos recientes. Al respecto, el diputado provincial Claudio Del Plá adelantó que los testimonios de tales casos “horrorizaron” a los legisladores, por lo cual equiparó que en Salta está vigente “la doctrina Chocobar”, igual a la impulsada desde el macrismo.  

En tanto, la dirigenta Violeta Gil –del sector Tendencia del Partido Obrero- consideró que el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, debe renunciar porque no ejerce un control efectivo y hasta es posible que intente encubrir posibles delitos. Coincidió con Del Plá, respecto a que el actual es “un régimen político” a partir del uso de un “aparato represivo reaccionario e incapaz de garantizar la seguridad a la población”. 

La citación al funcionario provincial se dio a partir de un proyecto de Resolución que presentó el legislador por el Frente de Izquierda, a partir de la muerte del joven Ezequiel Gallardo, en medio de un traslado durante un operativo policial. A esto, Del Plá le adjuntó  otros tres hechos similares, durante los últimos dos meses en los que fallecieron varios vecinos, luego de ser detenidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.

”Los casos de crímenes policiales ocurren sistemáticamente lo que habla de que en Salta también existe una doctrina Chocobar en donde el poder político garantiza impunidad, legitima el gatillo fácil y el abuso policial. Vamos a exigir que se termine la impunidad de los ejecutores de estos crímenes pero también que se vayan los responsables políticos de la fuerza”, indicó Del Plá.

"Hemos propuesto a los familiares de las victimas relanzar un movimiento de familiares de víctimas del atropello policial en todas sus formas. El objetivo no solo es que paguen los culpables de estos crímenes sino especialmente que se desmantele el aparato represivo”, concluyó el representante capitalino.

NdeR, 2 de septiembre de 2019.