Simón dice que prefiere playas uruguayas

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De las playas charrúas espera como resguardo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el principal operador judicial de la administración Macri. El activador de mecanismos jurisdiccionales del gobierno anterior solicitó este lunes asilo en Uruguay en medio de la causa judicial en la que es investigado por integrar una asociación ilícita que perseguía a empresarios.

Simón encuadró este pedido al gobierno uruguayo en la supuesta existencia de lo que llamó “decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país”, dijo en una misiva enviada a varios medios de prensa. “No hay nada grato en el exilio”, indicó, si bien esta decisión de mantener distancia con los estrados de su país parece darle algo de tranquilidad al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, con quien mantuvo varios contactos telefónicos. 

De todas maneras, Simón aseguró ser víctima “de una persecución” por la que cargó contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, quienes sólo presentaron una denuncia judicial que tramita la jueza María Servini de Cubría. De todas maneras, el ex alfil del macrismo achacó esta maniobra “por mi actividad política lícita en representación del Gobierno de la CABA”, como lo que lo “llevó a pedir asilo como refugiado político en Uruguay”.

En realidad, Rodríguez Simón está citado a indagatoria el próximo 17 de junio, mientras que la citación de otro de los imputados de la causa. Por este caso, la Servini le había prohibido la salida del país, aunque tal disposición se adoptó cuando el operador judicial ya había traspuestos las fronteras de nuestro país.

La acusación en su contra tiene como elementos los testimonios como el del fiscal  Gabriel De Vedia, respecto a que RS le advirtió en su momento que si la procuradora Alejandra Gils Carbó no renunciaba iban a ir presas primero sus hijas y luego ella. En base al expediente, la magistrada denotó que este caso investiga “diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional –encabezado por el entonces Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri – o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, tendrían como consecuencia perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional”.

En el contexto de tal investigación, está comprobado el hecho “que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”.

La denuncia que dio origen a esta causa fue presentada por De Sousa cuando todavía estaba detenido, al igual que López, cuando el juez Julián Ercolini les adjudicó una maniobra con el impuesto a los combustibles líquidos en relación a su empresa Oil Combustibles. Por esta sola imputación que recién ahora irá a juicio, los empresarios estuvieron dos años privados de su libertad.

En su presentación ante la jueza Servini, Cristóbal López relató que el propio Macri le advirtió que necesitaba su “canal para ir por Cristina', me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. 'Hay que meterla presa', dijo. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo. De ahí en adelante no sé cómo siguió la charla. Me puse nervioso, me alteró”, indicó en su testimonio. Este encuentro se produjo el 25 de octubre de 2015, a las 11 de la mañana, detalló López.

El primer listado con un entrecruzamiento de llamadas, que son 10.738 en total, que entregó a Servini el año pasado la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) muestra 59 comunicaciones de “Pepín” Rodríguez Simón con el actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz (que se extienden hasta 2018 inclusive), 38 con su ex socio en el estudio jurídico, Gabriel Bousat, 17 con el supremo Horacio Rosatti (estos llamados serían en los meses previos a su nombramiento en el alto tribunal),  y 160 con el exministro de Justicia Germán Garavano.  

Además, 50 llamados a Presidencia de la Nación, 20 con la secretaría Legal y Técnica, 40 con el exsecretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, 18 con el Consejo de la Magistratura (no se sabe aún con qué consejero/a), el exjefe de asesores José Torello, 15 con el estudio Tonelli, y 140 con un número que estuvo a nombre de la jefatura de Gabinete, que podría haber utilizado Mario Quintana.