El pinchazo justo de Amnesty

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La organización Amnistía Internacional lanzó esta semana una campaña global por el acceso universal a las vacunas COVID-19. La entidad humanitaria advirtió que debido al accionar de los países más ricos y de las farmacéuticas, millones de personas de países menos desarrollados probablemente no reciban dosis para vacunarse.

Por “Un pinchazo justo: acceso universal a las vacunas contra el COVID-19”, la consigna de Amnesty está centrada en que las empresas farmacéuticas compartan sus conocimientos y tecnología “para elevar al máximo el número de dosis de vacunas disponibles en todo el planeta en el menor tiempo posible”. En tanto, condenó el “nacionalismo de las vacunas”, frente al cual lo que se requiere es un trabajo conjunto que amplíe la cantidad de personas inmunizadas.

El acceso a los antídotos, el momento y el precio son las variables esenciales a tener en cuenta en la actual situación internacional. Por lo cual, resumió Amnesty que “vemos con preocupación que las desigualdades globales en el acceso a las vacunas se están intensificando sin control”. A tal punto que “un reducido número de países ricos encabezan la carrera, mientras el resto del mundo quedó marginado”, advirtió Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Los países ricos ya compraron más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial”, contrastó la portavoz de la entidad. “Los mismos países administraron hasta ahora más del 60% de las dosis del mundo, mientras que en más de 100 países no se vacunó todavía ni a una sola persona”, comparó la representante de Amnistía.

En esta convocatoria global la organización resaltó: ¿”Qué pedimos? Compartir conocimientos y tecnología para que todos accedan a la vacuna contra COVID-19”. En este escenario, la entidad ponderó que la meta es “llegar a más personas en el menor tiempo posible”, mediante dos vías posibles.

Una de ellas, es la normativa difundida en mayo de 2020 desde la Organización Mundial de la Salud, denominada de Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP). Esta disposición posibilita compartir datos y conocimientos, y después acordar licencias de producción y transferencias de tecnología a otros potenciales productores, con objeto de asegurar el acceso más rápido de la población a vacunas en cualquier lugar. Pero, hasta ahora, ni una sola empresa farmacéutica se adhirió al C-TAP.

Amnesty señaló que “empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech, entre otras, se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría más accesibles”, concluyó.

Otra, es el cumplimiento que los gobiernos tienen pendiente en cuanto a los Derechos Humanos. De manera tal que la situación amerita la exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (acuerdo internacional que regula los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) que suelen restringir dónde, cuándo y cómo se fabrican medicamentos.

“Esta exención liberaría las protecciones de patentes y propiedad Intelectual que actualmente crean obstáculos para que otros fabricantes produzcan más vacunas contra la COVID-19”, resumió Amnistía. “Sin embargo, aunque cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de países de ingresos bajos y medios, los Estados ricos continúan oponiéndose”, señaló luego.

“Hay una realidad y es que los Estados no están haciéndole saber a las empresas que su negativa a compartir la información mencionada genera profundas desigualdades entre países y comunidades”, lamentó Amnistía. “En ese contexto, se priorizan los acuerdos comerciales bilaterales por sobre garantizar que todas las personas en todos los países reciban el mismo trato para acceder a las vacunas. Conforme el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben procurar que las Empresas farmacéuticas no violen derechos humanos”, insistió.

En base a esto, surgió el pedido consistente en que: Las empresas compartan sus conocimientos y tecnología, de modo que se puedan producir vacunas de manera oportuna e igualitaria en todo el mundo. Por otro lado, que los Estados exijan a las empresas que “cumplan con sus obligaciones y trabajen colectivamente para garantizar que las personas más expuestas en todo el planeta reciban la vacuna lo antes posible”.

NdR, 24 de marzo de 2021.