Una encrucijada de género en la justicia

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La audiencia en la que este miércoles se dictará sentencia en el caso contra Ángela Beatriz Saravia se avecina un acto con agitación en los alrededores de la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial. Es que a diferencia de lo que se presagia cerca del tribunal que anunciará su decisión, por el lado de la defensa de la mujer llueven los pronunciamientos en tal dirección y las denuncias que se verifica una especie de arrinconamiento en los mecanismos judiciales.

“Si nos matan pasamos a ser estadísticas, si nos defendemos nos condenan”, es el planteo que resumieron los documentos emitidos desde el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta, la ONG Género y Masculinidades, CLADEM y la Multisectorial de Mujeres de Salta, entre otras entidades.

El gigantesco descontento en este sector, algunas de cuyas organizaciones se presentaron como “amigas del tribunal”, surgió luego del dictamen que dio a conocer la psicóloga Mónica Quinteros Navarro. La encargada de tal peritaje por el Poder Judicial concluyó que, a su entender, un acto de violencia de género “también lo puede cometer una mujer hacia un hombre”. Y no sólo eso, sino que amarró la condición que una mujer sólo pueda invocar esta figura solamente si “es sumisa, obediente y no hostil en defensa de su integridad”.  

Por esta razón, los abogados del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género expusieron su “preocupación” al conocer “las manifestaciones de la Licenciada y su desconocimiento total no solo de la legislación vigente, tanto nacional como supranacional  que protege los derechos de las mujeres, sino también lo que es realmente perturbador es el concepto erróneo que posee acerca de lo que es la Perspectiva de Género”. 

Algo que, lejos de ser inocuo, acercó como un efecto sobre el caso en particular el riesgo que “este desconocimiento por parte de los operadores y operadoras de  justicia, conlleva a que las mujeres e identidades no binarias sean víctimas de todo tipo de  violencia incluyendo la más nefasta de todas, el femicidio”. Por ello, exhortó a que de inmediato se proceda en el Poder Judicial a capacitar todo su personal en el articulado de la Ley 27.499, norma que incorpora una cosmovisión de género en el indoctrinamiento de trabajadores de los tres poderes del Estado.

Es más, concluyó que “los dichos vertidos por ´la profesional´ en la causa encuadran en la  denominada violencia institucional prevista en el artículo 6 inc. b) de la Ley 26.485, y de validar esta transgresión, la justicia salteña estaría siendo cómplice y responsable por las eventuales consecuencias que traerá aparejada para al estado provincial”.  

Y lo que sería más grave aún es que tal conclusión pericial impide determinar “el contexto en el cual se desarrollaron los hechos, y realizar una evaluación con perspectiva de género”. En cambio, la ausencia de este paradigma intervino en el reciente y luctuoso desenlace que sirvió de epílogo a la docente Paola Tacacho, asesinada en la vecina provincia de Tucumán, pese a haber efectuado decenas de denuncias por violencia de género contra quien finalmente sería su asesino.

En tanto, en el planteo en condición de amicus curiae hecho por la Multisectorial de Mujeres recordaron que la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, garantiza el “derecho a ser valoradas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”. Lo que se lleva como tirada de los pelos con la valoración efectuada por la “experta” antes mencionada del Poder Judicial. 

Crédito fotográfico: Nuevo Diario de Salta.

NdR, 4 de noviembre de 2020.